Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que se avance sin demoras en la ejecución patrimonial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, tras confirmarse las condenas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
De prosperar el planteo, se procedería al remate de unas veinte propiedades de la familia Kirchner, entre ellas hoteles, casas, terrenos y complejos de departamentos, para cumplir con el decomiso solidario ordenado por la Justicia.
La defensa de la ex mandataria y de sus hijos se opuso a la medida, argumentando que el pedido resulta “prematuro” porque aún resta la revisión de la Corte Suprema de Justicia.
La causa se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. En 2022, Fernández de Kirchner recibió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que fue ratificada parcialmente por la Cámara Federal de Casación Penal en 2024.