Federico Furiase y Felipe Núñez.
En medio del escándalo por el otorgamiento de del Banco Nación, funcionarios del equipo económico que encabeza Luis Caputo salieron a dar y rechazaron haber recibido beneficios especiales.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el asesor del Ministerio y director del BICE, Felipe Núñez, aseguraron en Carajo Stream que en las mismas condiciones que cualquier ciudadano.
Qué dijeron los funcionarios de Caputo que accedieron a privilegios en los créditos hipotecarios del Banco Nación
“Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino apto crédito a sacar un préstamo a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo”, afirmó Núñez en una entrevista. Además, explicó que eligieron el Banco Nación por ser clientes, cobrar allí sus sueldos y porque ofrecía “la tasa más competitiva del mercado”.
El funcionario remarcó que los casos de integrantes del Gobierno representan una porción mínima del total: “Los funcionarios fueron menos del 0,2% de los 27.000 créditos otorgados”. También negó que existieran tasas subsidiadas o condiciones preferenciales.
En esa línea, consideró que la controversia ayudó a visibilizar los créditos hipotecarios UVA como herramienta de acceso a la vivienda: “Le mostró a los argentinos que es un gran producto para comprar una casa y potenciar el mercado inmobiliario”.
Por su parte, Furiase aclaró su situación personal y sostuvo que tomó un crédito para una segunda vivienda, con una tasa más elevada. Además, explicó que la propiedad que figura como tercera vivienda corresponde en realidad a una cesión de usufructo familiar.
El secretario de Finanzas vinculó la reactivación del crédito hipotecario con la estabilización macroeconómica iniciada en 2024. Según indicó, la baja de la inflación y de las tasas de interés permitió a los bancos extender los plazos de financiamiento.
En ese sentido, destacó un cambio en la estructura del sistema financiero: “Antes, los bancos destinaban cerca del 50% de sus activos al sector público y sólo el 18% a familias y empresas. Hoy esa relación prácticamente se invirtió”.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente debate político y mediático sobre el acceso de funcionarios a créditos públicos, mientras el Gobierno busca despegarse de cualquier sospecha de trato preferencial.