Bertolini, junto a sus abogados Gómez y Pino Muñoz. (Foto: Florencia Salto)
El jueza de Garantías, Carina Álvarez, resolverá recién el jueves si le impone prisión domiciliaria al en la causa en la que se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
Según se supo a primera hora de este miércoles, la cargada agenda de audiencias de la jueza -programadas con anticipación- es el motivo de la postergación.
La fiscalía de Delitos Económicos, a través de la fiscal del caso Rocío Rivero, pidió la prisión domiciliaria del intendente por seis meses porque argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Señaló, por ejemplo, que hay empleados municipales de Plottier que tienen temor a que los despidan por declarar en contra del jefe municipal. Llegó a invocar la llamada «doctrina Irurzun», utilizada por la Cámara Federal de Casación Penal en causas contra el kirchnerismo.
También mencionó como argumento la manipulación de expedientes y la destrucción parcial de algunos de ellos.
Cuatro imputados
Después de dos largas audiencias que se desarrollaron lunes y martes, la jueza Álvarez tuvo por formulados los cargos contra el intendente Bertolini; la subsecretaria de Haciencia, Gladys Ramírez, el hijo de ésta, Mauricio López, y el empresario Pedro Vilchez, titular de varias empresas.
La acusación refiere que el municipio acordaba compras de una gran variedad de productos y servicios con Vilchez, que es socio de López. El monto de la maniobra asciende a 2.300 millones de pesos, pero el fiscal jefe Pablo Vignaroli admitió que aún no detectaron perjuicio patrimonial.