Narcotest obligatorio y nuevo Código Contravencional: Neuquén impulsa una profunda reforma institucional

El Gobierno de Neuquén se prepara para poner en marcha dos iniciativas que buscan generar un fuerte impacto en la vida institucional y social de la provincia. Por un lado, comenzarán los controles toxicológicos aleatorios a funcionarios de los tres poderes del Estado. Por otro, avanza la elaboración de un nuevo Código Contravencional que prevé sanciones más severas para conductas que afectan la convivencia ciudadana, incluyendo la responsabilidad de padres y tutores por los actos violentos cometidos por menores de edad.

La implementación del narcotest dejará de ser una propuesta para transformarse en una realidad concreta durante los próximos días. Tras la reglamentación de la Ley 3405, las autoridades provinciales confirmaron que la semana próxima se iniciarán los sorteos oficiales que determinarán qué funcionarios deberán someterse a controles toxicológicos obligatorios.

El mecanismo será completamente aleatorio y estará a cargo del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), con el objetivo de garantizar transparencia y evitar cualquier tipo de manipulación en la selección de los examinados.

Según explicó el legislador Marcelo Bermúdez, uno de los principales impulsores de la iniciativa, los funcionarios serán convocados sin previo aviso. La normativa establece además que la negativa a realizar el examen generará una presunción legal de resultado positivo, una cláusula que busca evitar maniobras dilatorias o intentos de eludir los controles.

Desde el Gobierno sostienen que la medida no apunta a estigmatizar a quienes atraviesan problemas de consumo, considerados una cuestión de salud pública, sino a garantizar que quienes ocupan cargos de responsabilidad en el Estado puedan ejercer sus funciones sin vínculos ni condicionamientos relacionados con el narcotráfico o las adicciones.

Un código para enfrentar nuevas problemáticas sociales

En paralelo, la provincia trabaja en la actualización integral del Código Contravencional vigente, una herramienta legal que data de 1962 y que, según sus impulsores, ya no ofrece respuestas adecuadas frente a las problemáticas actuales.

La propuesta se encuentra en etapa de debate con intendentes, autoridades locales y vecinos de distintas localidades neuquinas. El objetivo es incorporar sanciones para conductas que no constituyen delitos penales, pero que generan conflictos cotidianos y afectan la convivencia comunitaria.

Entre las infracciones contempladas figuran las agresiones físicas o verbales contra docentes, médicos y trabajadores de la salud, los ruidos molestos, la alteración del orden público y la generación de basurales clandestinos mediante el arrojo de residuos en lugares no habilitados.

De aprobarse el nuevo esquema, los jueces de paz podrán aplicar multas económicas y ordenar arrestos de hasta 30 días en los casos previstos por la normativa.

Responsabilidad de los padres ante hechos de violencia escolar

Uno de los aspectos que más debate genera es la incorporación de la responsabilidad directa de padres y tutores por las conductas contravencionales de menores de edad.

La iniciativa surge en un contexto marcado por reiterados episodios de violencia dentro y fuera de los establecimientos educativos, incluyendo agresiones a docentes, directivos y personal escolar.

Los impulsores del proyecto sostienen que la pérdida de autoridad institucional y la creciente conflictividad en ámbitos educativos exigen nuevas herramientas para prevenir situaciones que, en muchos casos, terminan escalando hacia hechos de mayor gravedad.

La propuesta busca que los adultos responsables asuman un rol activo en la educación y el control de los menores, estableciendo consecuencias concretas cuando se produzcan conductas violentas o reiteradas que afecten la convivencia escolar.

Con el avance simultáneo de los narcotests para funcionarios y la reforma del Código Contravencional, Neuquén intenta posicionarse a la vanguardia de una agenda centrada en la transparencia institucional, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de las normas de convivencia social. Ambas iniciativas prometen generar un intenso debate público, pero también marcar un antes y un después en la legislación provincial.

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