El Tribunal de Impugnación de Neuquén, integrado por Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno, comienza hoy la revisión de la condena impuesta a doce personas, entre ellas el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, por la estafa vinculada a planes sociales.
Se espera una serie de once audiencias, que incluyen jornadas sabatinas y se extenderán hasta el miércoles 8 de julio. Durante este período, los jueces escucharán los argumentos presentados por la fiscalía, la querella y las defensas de los acusados. La sentencia final se dará a conocer tras la feria judicial de invierno.
Los hechos investigados ocurrieron entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, período en el cual funcionarios y personal del Ministerio de Desarrollo Social participaron en el desvío de fondos originalmente destinados al subsidio a la desocupación laboral. La estafa, calculada en 153 millones de pesos a valores históricos, supera los mil millones al actualizarse a 2024.
Este escándalo sacudió la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino. Los fondos de los planes se acumulaban en una «caja azul», presuntamente utilizada para financiar campañas del partido; sin embargo, la investigación fiscal no logró determinar el destino final ni los responsables de la apropiación de ese dinero.
En el juicio anterior, el tribunal condenó a todos los implicados por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado, algunos como coautores y otros como partícipes primarios. No obstante, descartó la figura de asociación ilícita, tal como había solicitado la acusación.
La calificación legal de los delitos influyó directamente en las penas. Tomás Siegenthaler, excoordinador provincial de Administración; Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; y Abel Di Luca recibieron la pena máxima de 5 años de prisión efectiva.
En un nivel inferior, Néstor Sánz, exdirector de Fiscalización, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que Marcos Osuna, jefe del Departamento de Gestión de Programas de la dirección de Planes Sociales, recibió 4 años.
Luis Gallo, exdirector de Finanzas; Julieta Oviedo, exdirectora de Tesorería; y el abogado Alfredo Cury fueron sentenciados a 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Por su parte, Laura Reznik, Valeria Honorio, Isabel Montoya y Emanuel Victoria Contreras obtuvieron 3 años de ejecución condicional.
Cabe destacar que Soiza, Sánz y Osuna cumplen prisión domiciliaria y fueron exonerados por el gobernador Rolando Figueroa, medida administrativa que también alcanzó a Cury y Reznik.
Las audiencias de impugnación se han programado para que cada defensa presente sus argumentos, cuestionando la sentencia de responsabilidad o la imposición de las penas. Posteriormente, la acusación responderá a estos planteos.
El viernes 3 de julio, el Ministerio Público y la Fiscalía de Estado, actuando como querellante en representación de la Provincia, expondrán su posición. Ambas partes buscarán revertir la absolución por asociación ilícita, sosteniendo que la maniobra delictiva fue «ejecutada por una organización criminal estable, con permanencia en el tiempo y división de funciones». El propio gobernador Rolando Figueroa ha insistido en la necesidad de modificar esta calificación desde que se dictó el veredicto.
Existe una urgencia particular en la resolución de este caso, ya que en noviembre se cumplirán cuatro años desde el inicio de la investigación. Si el proceso judicial no concluye antes de esa fecha, todos los imputados podrían ser sobreseídos.
El tribunal tiene varias opciones para resolver. Podría confirmar la sentencia tal como está, o bien ordenar una modificación de las penas, si considera que no se valoraron adecuadamente atenuantes o agravantes. Otra posibilidad es que acepte los argumentos de la acusación y cambie la calificación de los delitos, lo que implicaría reenviar el fallo para que otros jueces intervengan en la definición de las nuevas penas.
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