El juez Pedraz cita como investigada a la directora general de la Guardia Civil y a su DAO

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado citar como investigada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas en el marco del caso Leire Díez, donde se investiga a una trama que habría trabajado para obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Les imputa a ambos delitos de prevaricación y de obstrucción a la Justicia, y toma esta decisión después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que dirige el Partido Popular.

La providencia de Pedraz, consultada por elDiario.es, plasma que el magistrado fija la declaración de ambos para el 16 de julio. Entiende, no obstante, que no procede citar como investigado al antecesor de González en el cargo, Leonardo Marcos, tal y como solicitaba el PP. Considera que la conducta descrita respecto de él ‘per se’ no integra ningún tipo penal.

Tras conocerse la imputación, fuentes del Gobierno señalan que mantienen su confianza en la responsable de la Guardia Civil y no se plantean su cese tras ser citada como investigada en el marco del caso Leire Díez. Desde el Ministerio del Interior también mantienen su confianza en el director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas, citado el mismo día como investigado. “Seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera”, señalan fuentes de este departamento. Desde las acusaciones populares indican, sin embargo, que el paso dado por el juez debería suponer la inmediata dimisión de ambos por respeto a la Guardia Civil: “La dimisión no debería ser para ellos una opción sino un deber”.

El informe de la Fiscalía en el que se solicitan estas imputaciones, al que ha tenido acceso elDiario.es, destaca que la trama coordinada por la presunta ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez y por Santos Cerdán buscó “la implicación de organismos públicos (la Fiscalía General del Estado, la Dirección general de la Guardia Civil, la Subdirección de Nacionalidades del Ministerio de Justicia, el director del Banco de España…) con la ilícita finalidad de atacar la probidad de la actuación de la UCO de la Guardia Civil (…) en sus investigaciones en estricto cumplimiento de sus funciones como policía judicial”.

Añade que, tras la declaración de hasta seis guardias civiles en calidad de testigos, ahora la imputación de González es necesaria para garantizar sus derechos y para que pueda responder a extremos que ya constan en atestados de la UCO. Así, explica que los mismos acreditan una relación personal entre Díez y González, y que la exmilitante socialista habría utilizado esa confianza para “cumplir con los fines que la organización criminal se había marcado en orden a neutralizar o entorpecer las investigaciones que la UCO”.

Se apoya, por otro lado, en declaraciones prestadas por, entre otros, el comandante Rubén Villalva -imputado en el caso Koldo- que indicó que Leire Díez le confesó que ella “tenía muy buena relación personal con la directora general de la Guardia Civil” y que despachaba con ella -de hecho le habría pedido la readmisión en la Benemérita de Villalva-. La Fiscalía recuerda que se ha tenido constancia de diversas comunicaciones telefónicas entre ambas y de varios encuentros presenciales, al menos tres, en los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025. Y añade que la propia González ha reconocido en el Senado al menos dos encuentros.

Anticorrupción considera que tanto la directora general de la Guardia Civil como el DAO deberán responder, además, sobre las tres investigaciones internas -informaciones reservadas- que se abrieron para indagar si determinadas filtraciones a la prensa provenían de la UCO. Al respecto, el Ministerio Público explica que en las agendas incautadas a Leire Díez se localizó una anotación en la que se recoge ‘Investigación interna G.C. para filtraciones’ que podría estar fechada en abril de 2025. Considera que es razonable indagar si “pudo existir la utilización reiterada y desviada de la potestad disciplinaria como mecanismo de presión sobre los funcionarios policiales encargados de una investigación”.

“Si llegara a acreditarse que las denominadas informaciones reservadas no respondían a una finalidad legítimamente disciplinaria y pasan a convertirse en una reacción constante frente a determinadas decisiones investigadoras, la potestad disciplinaria deja de actuar como instrumento de control interno para convertirse en un auténtico medio de intimidación institucional”, recalca.

Esas investigaciones acabaron en archivo, pero la Fiscalía recuerda que en una reunión celebrada el 16 de julio de 2024 en dependencias oficiales de la UCO, el DAO “les conminó -a los investigadores de casos relacionados con el entorno de Pedro Sánchez- a que se pusieran de perfil en las causas judiciales con contenido político, debiendo dejar que fueran los jueces los que impulsaran las investigaciones”.

La Nota de Despacho

La Fiscalía explica que además consta una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil con fecha de 29 de abril de 2025 en la que se alertaba detalladamente al DAO de la existencia de una “agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO”. En esa nota se identificaba a Leire Díez como dinamizadora de la operación, se advertía que detrás de esas maniobras podría estar el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, y que tendría conocimiento de esa información la directora general de la Guardia Civil.

La Fiscalía indica que esa información fue “ocultada” por el DAO a la Jefatura de la Policía Judicial de la Guardia Civil durante días, hasta que se entrevistó el 8 de mayo con el general al mando de esa unidad. Esa reunión se producía porque el general quería dar cuenta al DAO de que la UCO le había informado de hechos semejantes a los que recogía la nota de despacho que ya tenía. Fue entonces cuando Llamas le traslado al jefe de la Policía Judicial que “esos hechos eran conocidos por la directora general y le hizo entrega de la nota de despacho de 29 de abril, que hasta entonces no se había hecho llegar a la UCO”.