El reciente escándalo de corrupción que sacude al mundo político, centrado en los presuntos dólares hallados en el vestidor de Martín Insaurralde y la implicación de su exesposa Jesica Cirio, trae a la memoria viejas confesiones sobre el costo del poder. Un experimentado dirigente recordaba estos días la frase de un empresario ligado al kirchnerismo, quien tras pasar dos años en prisión, sentenció: “Yo ya estuve dos años en cana. ¿Sabés lo que es eso? No quiero ser más empleado. Ahora quiero ser parte”.
Según la misma fuente, el exintendente de Lomas de Zamora habría buscado desde hace tiempo ser “parte” de un entramado que, en su eje, involucraría dinero del juego. Si bien la Justicia mantiene una investigación abierta desde hace aproximadamente tres años, impulsada inicialmente con vigor por el fiscal, su avance se ha ralentizado.
La historia de Insaurralde, marcada por imágenes de valijas con dinero, yates, champán y múltiples acompañantes, es material para relatos extensos. Cristina Kirchner lo definió en 2013 como “un modelo de intendente” y, más aún, “un modelo de vida”. Sin embargo, la atención de quienes siguen de cerca la investigación y su derrotero político no se agota en esos detalles ni en su foto con el Papa Francisco.
Ocho años después de aquel elogio, la fascinación de Cristina Kirchner por su figura tuvo otro momento clave. Tras la derrota electoral legislativa del kirchnerismo, la entonces vicepresidenta envió al gobernador Axel Kicillof a Santa Cruz para comunicar cambios en su gabinete. La designación más relevante puso nuevamente a Insaurralde en el centro de la escena: asumiría como nuevo jefe de Gabinete, reemplazando a “Carli” Bianco, mano derecha de Kicillof. Esta jugada, si bien llevaba la firma de Cristina, fue impulsada especialmente por Máximo Kirchner, ya entonces distanciado del gobernador y aliado político de Insaurralde.
Por esta razón, el peronismo observa con particular atención el desarrollo (o la falta de él) de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el exjefe de Gabinete. Si se comprueba la procedencia ilícita de los fondos, surge una pregunta ineludible: ¿el dinero malhabido pertenece solo a Insaurralde, o es parte de una “caja” mayor con destinatarios más importantes? Una fuente agudiza la intriga con una provocadora analogía: “¿Y si Insaurralde es el Lázaro Báez de Máximo Kirchner?”.
La Justicia ya ha establecido que Lázaro Báez fue un exempleado bancario que se transformó en empresario, utilizado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para canalizar y desviar fondos de la obra pública. Este mecanismo, que intentaba revestir de legalidad una maniobra obscena, terminó con condenas, incluida la de la expresidenta y otros implicados. La incógnita ahora es dónde podría concluir la investigación sobre Insaurralde si la Justicia decide avanzar con determinación.
Este caso no es el único que genera inquietud entre exfuncionarios. Como observa un dirigente con perspicacia, si las gestiones de los Kirchner mostraron su lado oscuro en las obras públicas, la administración de Alberto Fernández está siendo investigada por irregularidades en los servicios. El propio expresidente quedó vinculado a un escándalo con los seguros, mientras que otros exfuncionarios relevantes enfrentan sospechas por permisos de importación y el acceso a dólares baratos en épocas de cepo cambiario.
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