Un empleado de la municipalidad de Concordia fue desvinculado de su cargo tras acumular cincuenta inasistencias injustificadas en menos de dos meses. La decisión se tomó luego de que las autoridades lo encontraran atendiendo una peluquería en el centro de la ciudad entrerriana durante su horario laboral.
El funcionario en cuestión es Gustavo Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Dirección de Higiene Urbana de Concordia. Previamente, Gutiérrez había ocupado un puesto como asesor de la concejal local Claudia Villalba.
La investigación interna, a cargo de la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, reveló que Gutiérrez registró ausencias sin justificación entre el 11 de abril y el 2 de junio del año pasado. Esta situación llevó a la apertura de un sumario administrativo.
Las ausencias carecían de cualquier tipo de certificado médico. En varias ocasiones, inspectores municipales intentaron localizarlo en su domicilio sin éxito. Finalmente, lograron ubicarlo en pleno centro de Concordia, trabajando en una peluquería ubicada en la calle Santa María de Oro, justamente en la franja horaria en la que debía cumplir sus funciones en el municipio.
Concluido el sumario y reunidas las pruebas correspondientes, el Departamento Ejecutivo municipal resolvió aplicar la sanción de “cesantía”, tal como lo establece la Ordenanza de Escalafón Municipal N° 11.275/49.
Medios locales señalaron que el caso de Gutiérrez no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de situaciones similares que venían siendo detectadas en la administración municipal.
En este contexto, semanas atrás se inició otro sumario administrativo contra Rubén Torres, agente del área de Cementerios, quien registró setenta inasistencias injustificadas entre el 27 de junio y el 9 de octubre del año pasado. Los informes de Recursos Humanos confirmaron que estas ausencias tampoco contaban con respaldo documental. Además, se detalló que Torres ya venía recibiendo descuentos en su salario por impuntualidad y faltas sin aviso. La investigación sobre este empleado continúa para determinar la sanción, que podría llegar también a la cesantía.
Otro episodio relevante que tuvo repercusión recientemente involucra a cuatro empleados municipales que fueron condenados por la Justicia por “peculado de servicios”. Este delito se configura cuando un funcionario público utiliza, en beneficio propio o de terceros, mano de obra, trabajos o servicios que son costeados por el Estado, como ocurre al ordenar a empleados estatales realizar tareas personales o particulares.
La causa judicial se originó por un viaje realizado hace casi ocho años, en agosto de 2018. En aquella ocasión, los agentes utilizaron una camioneta del área municipal de Discapacidad para viajar a Encarnación, Paraguay, junto a familiares, con el fin de realizar compras personales. Tras la condena judicial firme y la negativa de los empleados a renunciar —a pesar de un acuerdo durante el proceso penal—, el Ejecutivo municipal ordenó la apertura de un sumario administrativo y dispuso una suspensión de 45 días sin goce de haberes para los involucrados.
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