El presidente Javier Milei ha reavivado su propuesta de implementar un ‘Shutdown’ o ‘apagón del Poder Ejecutivo’, una estrategia que busca presionar al Congreso Nacional para que apruebe su plan de presupuesto. Esta iniciativa, inspirada en el modelo estadounidense aplicado por Donald Trump, ha generado un profundo debate político y constitucional a medida que se acerca la fecha de presentación del proyecto de cuentas.
La idea del mandatario, anunciada este martes en medio de los festejos por un triunfo deportivo, es contundente: “Cuando te agotás el Presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, argumentó el líder de La Libertad Avanza al impulsar esta medida junto con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, su propuesta ha sido recibida con cautela por parte de sus aliados y calificada de “inviable” e “inconstitucional” por la oposición peronista.
Desde el Parlamento, el diputado radical Lisandro Nieri sugirió que la propuesta “habría que estudiarla mejor”, enfatizando la importancia de que el presupuesto “se acuerde en el Congreso”. Esto contrasta con la Ley de Administración Financiera argentina, que prevé la reconducción del presupuesto del año anterior si el proyecto enviado por el Ejecutivo no obtiene la aprobación legislativa. Según fuentes parlamentarias, si el Gobierno no emite el decreto de reconducción, el presupuesto no se activa. Además, la aplicación de esta normativa implica respetar ciertas condiciones, como la eliminación de ingresos por operaciones de crédito y la exclusión de excedentes financieros previos.
El diputado peronista Guillermo Michel fue categórico al señalar que la idea del ‘shutdown’ “no es viable técnicamente porque en la Ley de Administración Financiera está prevista la reconducción del Presupuesto”. Añadió, además, que la Constitución fija derechos y garantías que “no se pueden cercenar con una ley”, poniendo en relieve la preocupación sobre la constitucionalidad de la medida.
La Casa Rosada tiene la intención de incluir este “Shutdown a la argentina” en el próximo proyecto de Presupuesto, que, conforme a la Constitución, deberá ser presentado en el Congreso el 15 de septiembre para el ejercicio 2027. La aprobación de esta iniciativa será un desafío considerable, dado que el oficialismo cuenta con solo 95 bancas en Diputados. Ni siquiera sumando el apoyo habitual de la UCR, el PRO, y el MID (Oscar Zago y Eduardo Falcone) alcanzaría los 112 votos necesarios.
En este escenario, el apoyo de los gobernadores será crucial. El bloque de Provincias Unidas, que agrupa a 18 diputados bajo la influencia de gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy), se presenta como un actor clave. Sus votos, si bien no siempre uniformes, dependerán de los beneficios que cada provincia logre obtener. Otro espacio determinante es Innovación Federal, con 9 diputados de Salta y Misiones, a los que se suman legisladores alineados con figuras como Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
A pesar de la fragmentación legislativa, el oficialismo mantiene una expectativa favorable, esperando alcanzar un piso superior a los 130 votos entre propios y aliados para lograr la aprobación del presupuesto.