La Fiscalía Federal ha iniciado sus alegatos en el noveno tramo de la megacausa por delitos de lesa humanidad en la región, conocido como “Escuelita IX”. El fiscal Miguel Palazzani, al abrir la fase de acusación, solicitó a los jueces que evalúen “sobre prueba y derecho” la verdad construida hace cinco décadas. Este proceso, que busca esclarecer 17 casos de secuestros y torturas, incluyendo cinco desapariciones forzadas ocurridas durante la última dictadura cívico-militar, continuará el 30 de julio con el pedido de penas para los ocho acusados.
El equipo fiscal, compuesto por José Cendagorta, David Maestre y Gabriela Schumacher, presentó las pruebas de los primeros casos que se escucharon en la sala de audiencias desde marzo. Se expusieron detalles del expediente y de la instrucción que, hasta ahora, eran desconocidos para el público. En las pantallas se proyectaron fichas de inteligencia del Destacamento 181 (Neuquén) y del Batallón 601, con señalamientos de “subversivos” que datan incluso de 1974, marcando a jóvenes que luego serían blancos de la represión y víctimas de tormentos.
Durante la presentación, el fiscal Maestre destacó la resonancia de hablar de “La Escuelita” en la misma sala donde se encontraban personas que padecieron ese lugar. La investigación ha documentado que 64 personas sufrieron cautiverio y torturas en este centro clandestino de detención en Neuquén. Por su parte, la fiscal Schumacher detalló la existencia de otros centros de detención clandestina en Bariloche, San Martín y Junín de los Andes. En la zona cordillerana, los tormentos se aplicaron en dependencias del Ejército, de la Gendarmería y en comisarías provinciales, como las de San Martín de los Andes, Bariloche o Catriel, en la zona petrolera de Río Negro.
Los alegatos de la fiscalía buscan probar la responsabilidad de ocho integrantes del Ejército, Gendarmería y fuerzas policiales, acusados de secuestros y torturas perpetrados entre 1976 y 1979 en los mencionados centros de detención clandestina. La fiscalía expuso los casos de los desaparecidos Carlos Magariños y Juan Raúl Pichulmán. También se detallaron las experiencias de sobrevivientes como Matilde Segura, María Ester Sepúlveda, Amalia Cancio, Carlos Alberto Pérez, Estela María Solanas, Daniel Gallo, Mónica Elvira, Oscar Escobar, Luis Mendoza y Juan Carlos Molinez.
La audiencia del 30 de julio será crucial, ya que se presentarán otros casos que incluyen tres desapariciones forzadas adicionales, todas ocurridas en Cipolletti. Se espera que ese día finalice con el pedido de penas para los ocho imputados, quienes asisten a las sesiones de forma virtual. Posteriormente, el 25 de agosto se conocerá el veredicto del tribunal. Después de la fiscalía, las defensas públicas y particulares tendrán dos días para exponer sus alegatos.
El fiscal Palazzani solicitó al Tribunal que se pronuncie en la sentencia sobre el homicidio de Carlos Magariños. Aunque por razones de senilidad su caso no tiene imputados directos en este tramo, luego de que Oscar Lorenzo Reinhold, jefe de Inteligencia del Comando, fuera apartado del proceso, su desaparición forzada es un eje central de esta causa. Su secuestro en Cipolletti ya había sido condenado en un juicio anterior, pero en esta ocasión se aborda específicamente su desaparición. Palazzani subrayó que diez de las diecisiete víctimas en esta causa ya eran “objetivos de la represión” y habían abandonado sus hogares por miedo a ser seguidos, enfatizando la centralidad de la inteligencia del Ejército y otras fuerzas represivas en el plan sistemático de persecución política.