La Legislatura de Neuquén se prepara para retomar su actividad parlamentaria el próximo 27 de julio, tras el receso invernal. La agenda oficialista se perfila con un claro énfasis en la diversificación productiva, buscando dinamizar sectores clave para el desarrollo provincial.
En este contexto, el gobierno provincial, bajo la conducción de Rolando Figueroa, buscará agilizar el tratamiento de dos proyectos fundamentales. Se trata de la reforma del Código de Procedimiento Minero y el establecimiento de un nuevo régimen de regalías, ambos diseñados para adaptar el marco normativo de Neuquén a la futura vigencia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) a nivel nacional.
El diputado provincial Ernesto Novoa, del bloque Comunidad, subrayó la importancia de fijar reglas claras y predecibilidad para atraer inversiones al sector minero, especialmente en el centro y norte de la provincia. Esta visión se vincula estrechamente con el desarrollo de infraestructura estratégica, como la consolidación del paso internacional Pichachén, que permitiría conectar la producción local con los puertos del océano Pacífico.
Novoa ilustró la ventaja logística al comparar distancias: la localidad de Andacollo se encuentra a unos 350 kilómetros del puerto chileno de Talcahuano, una distancia significativamente menor a los aproximadamente 900 kilómetros que la separan del puerto de San Antonio Oeste en Río Negro.
Uno de los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo establece una diferenciación en el cobro de regalías según el destino del mineral. Se prevé un 2% para la extracción que se procese o utilice dentro del territorio neuquino, y un 3% para aquellos recursos que sean trasladados fuera de la provincia.
Consultado sobre la diferencia entre estos porcentajes y los aplicados a la explotación de hidrocarburos, el legislador Novoa explicó que responden a criterios de competitividad. “Esos son los porcentajes que se cobran en el resto de los países mineros. Estamos compitiendo con otros destinos de las inversiones y no podemos salir del esquema y de un promedio de cobro que es el más aceptado y coherente”, argumentó.
Actualmente, la iniciativa está bajo análisis en la comisión de Energía, que preside el diputado Damián Canuto (PRO), tras un proceso que incluyó modificaciones e informes técnicos. El bloque oficialista confía en lograr la sanción de esta normativa antes de la conclusión del actual período legislativo.
En paralelo a la agenda minera, la reactivación legislativa post-27 de julio abordará la continuidad del debate por el nuevo Código de Faltas y Contravenciones. Este proyecto, enmarcado en la Ley de Regionalización (3480), busca actualizar un ordenamiento vigente considerado obsoleto. La comisión de Asuntos Constitucionales ya ha sostenido encuentros con intendentes de diversas localidades para relevar las demandas locales y los vacíos legales existentes, buscando brindar herramientas más eficaces ante las problemáticas de convivencia urbana.
Con la mirada puesta en el próximo ciclo electoral y la consolidación de su espacio hacia 2027, el oficialismo provincial evalúa con optimismo las proyecciones de gestión. Estas expectativas se anclan en el desarrollo energético de Vaca Muerta y los proyectos de exportación de Gas Natural Licuado (GNL), cuya legislación ya obtuvo aprobación en el recinto. La provincia contrapone el volumen de las actuales proyecciones de inversión con hitos históricos: si el acuerdo inicial entre YPF y Chevron representó 1.500 millones de dólares, el nuevo marco normativo para el sector vislumbra proyectos que podrían ascender hasta los 25.000 millones de dólares, una cifra que sostiene las ambiciones políticas y económicas del gobierno neuquino.