La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra ante una definición crucial: confirmar o revertir el criterio de la Procuración General de la Nación sobre la inclusión de tasas municipales en las facturas de servicios públicos. Mientras tanto, una pregunta central persiste para millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires: ¿cuánto peso tienen hoy estas tasas en la boleta de luz y qué impacto futuro podrían tener?
Fuentes del sector de empresas distribuidoras de energía en la provincia de Buenos Aires estiman que la incidencia de estas tasas municipales puede variar significativamente, oscilando entre el 4% y el 17% del total de una factura de luz. Esta cifra, sin embargo, es una aproximación, ya que depende en gran medida de cada jurisdicción y de los acuerdos específicos que cada municipio mantenga con las distribuidoras.
La composición de estos recargos es diversa. Mientras que en el Área Metropolitana (AMBA) el alumbrado público suele cobrarse en una cuenta separada, en el resto de los municipios bonaerenses e incluso en otras provincias, es común que se incluyan diversas tasas en la misma factura. Además del alumbrado, pueden encontrarse cargos por servicios como agua potable, recolección de residuos, alcantarillado, cloaca y hasta sepelio. A esto se suman los impuestos nacionales (IVA), provinciales (Ingresos Brutos) y otras tasas e impuestos de índole municipal.
La complejidad de la estructura tarifaria es notoria a nivel nacional, donde la convivencia de empresas públicas, privadas y cooperativas, cada una bajo marcos regulatorios distintos –nacionales para grandes distribuidoras como Edenor y Edesur, provinciales y municipales para cooperativas–, añade capas a la conformación final de cada boleta.
Detrás de la resistencia de intendentes y gobernadores a cualquier prohibición de incluir estas tasas en las facturas de servicios, no solo hay una cuestión política, sino fundamentalmente económica: la eficiencia en la recaudación. Una tasa cobrada de manera independiente por el municipio presenta una tasa de cobrabilidad cercana al 55%. En contraste, cuando la misma tasa se incorpora en la factura de luz, la recaudación asciende al 99%. Esto se debe a que la falta de pago del servicio eléctrico puede resultar en el corte del suministro, un mecanismo de presión que no existe en el cobro municipal directo.
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