Caso Cuadernos: ¿Víctimas o Cómplices? El blanqueo de 2016 complica la defensa de los empresarios

El juicio por el caso Cuadernos de las coimas ha puesto en el banquillo a sesenta empresarios. Muchos de ellos no solo enfrentan acusaciones por el pago de sobornos, sino que también ostentan un doble rol: son imputados colaboradores. En sus declaraciones, algunos han señalado a Cristina Kirchner como conocedora del esquema de corrupción, argumentando que “nos extorsionaban, nos asfixiaban”. No obstante, la fiscalía sostiene que los empresarios también se beneficiaron de esta trama, moviendo dinero sin justificación, incrementando sus patrimonios y, notablemente, acogiéndose al blanqueo de capitales en 2016.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Fabiana León y el fiscal auxiliar Nicolás Codromaz, afirma que los empresarios fueron parte activa de la maniobra delictiva al obtener ventajas. La instrucción del caso, a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio, ya había detallado que los hombres de negocios pagaron coimas para conseguir favores ligados a sus empresas: adjudicaciones de licitaciones, obras públicas, pagos de facturas y desembolsos, además de subsidios. “Los dos ganaban”, es la frase que resume la imputación y que la fiscalía busca demostrar durante el debate oral.

En línea con esta tesis central, las recientes declaraciones de ex y actuales funcionarios del ARCA se centraron en las fiscalizaciones solicitadas por el juez Bonadio sobre un extenso listado de empresas y sus propietarios. La fiscalía interrogó a dos testigos responsables de estas inspecciones, quienes coincidieron en que las compañías mostraban “movimientos de fondos sin justificación” y “extracción por ventanilla de sumas importantes de dinero”, lo que dificultó la trazabilidad de los fondos, explicaron ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7).

Esta semana se añadió un elemento crucial. Ariel Trapani, contador público que integró el equipo de la ex AFIP que colaboró con el juez Bonadio en 2018, reveló que muchos de los empresarios implicados en el caso Cuadernos participaron en el blanqueo de capitales de 2016. “Al blanqueo accedieron un grupo de empresarios, y en ese contexto no se pide la justificación de los bienes”, indicó Trapani, aunque aclaró que el trámite requería la presentación de documentación específica.

Al ser consultado por el fiscal auxiliar Nicolás Codromaz sobre los detalles del procedimiento, Trapani explicó que “siempre que las empresas o personas piden ingresar al blanqueo incorporan bienes registrables o tenencia de dinero”. Como ejemplo, la fiscalía mencionó el caso del empresario Aldo Roggio, quien “declaró bienes en el exterior y tenencia del dinero. Un auto, un departamento, títulos y acciones y una cuenta bancaria JP Morgan”.

Fuentes judiciales, consultadas por Clarín, sugieren que las explicaciones de los últimos testigos evidencian “un sistema de beneficios recíprocos”. Destacaron que muchos empresarios se acogieron a este régimen, lo que “muestra estructuras financieras preexistentes de muchos años de las que no se conoce en detalle su composición”.

Esta información contrasta fuertemente con una de las principales defensas de los empresarios: que fueron coaccionados por exfuncionarios de Planificación Federal a pagar sobornos para mantener obras, contratos y concesiones. Si bien “muchos se defienden indicando que eran víctimas de ese mecanismo de extorsión y aprietes”, la formación de activos –ahorros en dólares “en negro”– por parte de los empresarios en ese período, y su posterior exteriorización mediante el blanqueo, “en algún punto derriba esa defensa”, señalaron las mismas fuentes.

Tal como sostiene la acusación, el sistema de sobornos juzgado en este debate oral y público “existía y se mantenía porque se beneficiaban los dos, funcionarios y empresarios”. La imputación detalla: “En esos pactos venales, libres y voluntarios, las dos partes obtuvieron beneficios. Los empresarios lograban favores de parte del Estado, y los integrantes del grupo paraestatal, a través de los pagos, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo”.

En otro pasaje de la elevación a juicio, se subraya que las erogaciones de los empresarios “no se trataron de una mera dación, por cierto de importantes cantidades de dinero, desconectadas de todo beneficio pretendido por el dador, sino por el contrario, de un acuerdo corrupto, entre privados y funcionarios públicos, en pos de obtener, de un lado como del otro, beneficios de carácter patrimonial”.