Neuquén se prepara para transformar radicalmente su sistema judicial civil y comercial, convirtiéndose en la primera provincia en adoptar un modelo sin papeles, que promete mayor agilidad y un contacto directo entre las partes y el juez. Esta profunda modificación se implementará tras el receso judicial.
El Poder Judicial provincial comenzará a aplicar el innovador Código Procesal Civil Adversarial, aprobado mediante la Ley 3551 el 11 de diciembre de 2025. Esta normativa abarca una vasta gama de conflictos de la vida diaria, tanto para particulares como para empresas, incluyendo sucesiones, alquileres, deudas, contratos y reclamos por daños. El nuevo esquema propone procesos más sencillos, dinámicos, completamente digitales y orales, donde las partes asumen un rol protagónico y el magistrado actúa como un árbitro imparcial.
Bajo esta nueva modalidad, quienes litiguen —ya sean personas o empresas— asumirán un papel decisivo. Serán responsables de presentar sus pruebas, impulsar la causa y defender sus argumentos en igualdad de condiciones. Por su parte, el juez concentrará su labor en lo fundamental: asegurar la imparcialidad del proceso y emitir la resolución. Este enfoque concede a las partes un mayor control sobre el ritmo y desarrollo de cada expediente.
Este modelo guarda similitudes con el proceso adversarial que rige en el fuero penal desde 2014, caracterizado por audiencias orales y públicas. Entre las transformaciones más significativas, se destaca la posibilidad de acceder a la justicia de forma gratuita mediante una simple declaración jurada, eliminando la necesidad de trámites judiciales adicionales. Asimismo, se implementará la digitalización completa de los expedientes y las notificaciones se realizarán por medios electrónicos, reduciendo drásticamente el uso de papel. Los edictos judiciales, por su parte, serán gratuitos y se publicarán en línea. Para aquellos que no dispongan de acceso a la tecnología, se mantendrá la opción de presentar la documentación por vía tradicional.
El código entrará en vigencia el 1 de agosto, marcando un hito al dejar atrás un sistema que había regido la justicia civil neuquina desde 1975. Esta ambiciosa reforma fue impulsada de manera conjunta por los tres poderes del Estado, a través de una comisión interpoderes que fomentó un proceso participativo. Dicho proceso incluyó un recorrido por las siete regiones de la provincia, involucrando activamente al Colegio de Abogados, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Católica de Salta, diversas organizaciones civiles y operadores judiciales.
Actualmente, la misma comisión trabaja en la discusión de un nuevo código de procedimiento de Familia. Como referencia, se utiliza un anteproyecto de 314 artículos presentado por la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, con el objetivo de que la Cámara logre su aprobación este mismo año.