El DAO de la Guardia Civil sobre su orden de que la UCO no fuera proactiva: “Estoy cansado del exceso de protagonismo»

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ha señalado este viernes en el Senado que cuando transmitió a los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) que no debían ser proactivos en sus investigaciones lo hizo, como en otras ocasiones, porque está “cansado de decir que el investigador es el titular del órgano jurisdiccional” y no los guardias civiles adscritos a la investigación judicial. Ha lamentado el “exceso de protagonismo” acompañado de cierta “vanidad” de algunos investigadores -sin citar expresamente al teniente coronel Antonio Balas- y ha añadido que en ocasiones se asumen papeles y roles que no les corresponden a los agentes.

A preguntas de la senadora de UPN María Mar Caballero ha incidido en que existe cierta “proactividad tóxica o supletoria” de quien tiene la responsabilidad real de investigar, que es el juez instructor. Y ha enfatizado que este problema lo ha planteado en multitud de foros infinidad de veces, y “no solo en una conversación particular que se recuerda cuando interesa dos años después” de haberse producido, ha explicado en referencia a lo mantenido en sede judicial por el general Rafael Yuste y el general jefe de Policía Judicial Alfonso López Malo sobre un encuentro mantenido en el verano de 2024.

Llamas fue imputado por el juez Santiago Pedraz por delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia al entender que pudo participar de alguna manera en obstaculizar las investigaciones de la UCO que afectan a personas del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, en la causa se fundamenta esa imputación por haber promovido informaciones reservadas, investigaciones internas, que se acordaron abrir por las filtraciones a la prensa de determinados detalles de casos como el de Begoña Gómez, esposa del presidente.

Una de las primeras preguntas a las que se ha enfrentado en la comisión es la de si se plantea dimitir. Llamas ha sido tajante: “En absoluto”. Ha indicado que no considera cuestionado su honor por estar investigado y ha añadido que cuenta con el respaldo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien le ha trasladado su apoyo tras la imputación y le habría indicado que su situación procesal es “injusta”. Además, ha indicado que aunque llegue a ser procesado en el caso Leire Díez no se plantea su dimisión. “Hasta que no se formalice y conste yo como acusado en primera instancia o sentenciado como culpable”, ha añadido, para insistir en que cuando entienda que su honor “ha quedado cuestionado de manera razonable” tomará una decisión.

Llamas fue llamado a comparecer ante la comisión de investigación abierta en el Senado por voluntad del PP con el pretexto de indagar en el caso Mascarillas. Finalmente, ese órgano parlamentario se ha convertido en un cajón de sastre para que desfilen por él responsables políticos e institucionales relacionados directa o indirectamente con causas judiciales abiertas.

A lo largo de su declaración, donde ha hecho mención a su carrera profesional de 48 años en el Instituto Armado, ha negado conocer a la exmilitante socialista Leire Díez pero ha advertido de que, de lo que ha podido leer en medios, parece que “fabula con bastante facilidad”.

Cuestionado por la llamada del ministro que desembocó en que él acordara una investigación interna para analizar una filtración de datos sensibles en el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha explicado que, si bien previamente en una conversación con la directora general de la Guardia Civil ya se le había advertido de “ese desliz por parte de los investigadores”, Marlaska le dimensionó el problema. Le indicó que la filtración de las direcciones de correo electrónico del entorno del presidente provocó que fueran “bombardeados con todo tipo de material injurioso, pronográfico e insultante”, de manera que se tuvieron que bloquear las cuentas.

Al hilo, ha resaltado que no abrió una información reservada por la llamada del ministro porque lo habría hecho de todas maneras al conocer la dimensión del problema y ha negado tajantemente que Marlaska le llamara para preguntarle por la investigación del hermano de Sánchez sino para darle “esa dimensión del impacto de esos datos”: “No me conmina a hacer ninguna investigación”.

Por otro lado, ha confirmado que mantuvo un encuentro el 5 de mayo de 2025 con la directora general, Mercedes González, para comunicarle que existía una nota de despacho en la que se hablaba de la supuesta campaña de desprestigio que orquestaba Leire Díez para desprestigiar a la UCO. Ha añadido que González le participó que sí conocía a la presunta ‘fontanera’ del PSOE porque trataron un conflicto laboral en Correos cuando ella era delegada del Gobierno en Madrid y que recientemente la había visto.

Por su parte, el senador popular José Antonio Monago ha explicado que la Fiscalía mantiene que bloqueó la nota de despacho clave sobre la campaña contra la UCO. Él ha explicado que trasladó la misma a su superior, la directora general, tras el puente de mayo de 2025 -la recibió el 29 de abril- y que tras un viaje es cuando se le da cuenta de una segunda nota de despacho, que coincidía con la nota previa de Información.

En cuanto una de las informaciones reservadas que se abrió para a raíz de una información de El Mundo en el que se le calificaba de “peón de Marlaska”, ha explicado que él solicitó que fuera la directora general quien tomara la iniciativa de abrir la misma porque dado que él era protagonista de esa noticia no veía conveniente ser él quien acordara la apertura. De hecho, ha explicado que si hubiera sido llamado a declarar en el marco de esa investigación interna lo habría hecho.

Las fiscales del caso indicaron en un recietne informe que esa apertura de una investigación interna partió de la propia Mercedes González el 1 de septiembre de 2025. Se abrió tras la publicación de un artículo en el que se hablaba de que determinadas fuentes de la Guardia Civil cuestionaban la actuación del DAO. Le reprochaban que solicitara de forma insistente y reiterada que se le anticipara información sobre el contenido de causas penales en curso que afectaran negativamente al Gobierno. Ese asunto acabó también en archivo y sin sanción alguna, pero derivó, dice el Miniserio Público, en que se permitió identificar a todos los mandos que intervenían en los asuntos ligados al Gobierno y a familiares del presidente del Gobierno “sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información”.

Durante la comisión, tanto el PP como UPN y Vox le han solicitado encarecidamente que dimita para preservar el honor de la Guardia Civil. “Esto es un sinsentido y usted tendría que haber dimitido hace mucho tiempo”, ha llegado a decir Monago. Mientras, la senadora socialista María del Río Martín ha lamentado que se use la comisión para que el PP dicté sentencia sobre los comparecientes. “La presunción de inocencia es una entelequia que salta por los aires en esta comisión (…), los comparecientes saben que la condena mediática y política es dictada por el PP con el consiguiente daño reputacional personal e institucional. El Senado no puede ser un tribunal paralelo”, ha enfatizado.

La declaración ante el juez

Este pasado jueves, el DAO de la Guardia Civil declaró ante el juez Santiago Pedraz que las tres informaciones reservadas que se abrieron para esclarecer el origen de otras tantas informaciones periodísticas sobre investigaciones que llevaba la UCO no tuvieron como intención presionar a la Unidad y que son una herramienta prevista en el reglamento que se utiliza con normalidad para aclarar, entre otras cuestiones, posibles filtraciones, informaron a elDiario.es fuentes jurídicas.

Llamas declaró durante casi tres horas en calidad de investigado en el ‘caso Leire Díez’ por la tesis de la propia UCO de que las informaciones reservadas fueron abiertas por la ascendencia que supuestamente tenía la ex militante del PSOE sobre Mercedes González, directora de la Guardia Civil y superior directa del DAO.

González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

Llamas explicó este jueves que, en contra de lo que declararon ante la propia UCO sus anteriores jefes, la Unidad ha sido objeto de otras tres informaciones reservadas que nada tienen que ver con investigaciones del PSOE desde que el es el número dos del Cuerpo. En total, de toda la Guardia Civil, ha conocido la apertura de 56, pero solo de las más graves, porque en todo el Cuerpo han sido centenares, dijo.

El teniente general de la Guardia Civil defendió el trabajo de la UCO y negó haber ejercido presión alguna sobre la unidad en las investigaciones al PSOE o el entorno de Pedro Sánchez. En este sentido negó que dijera a sus responsables que se pusieran “de perfil” aunque admitió que les pidió que se limitaran a cumplir con las instrucciones que les dieran jueces y fiscales, en cumplimiento de su condición de policía judicial.

Por primera vez en esta polémica surgió el nombre del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fue al tratar la apertura de una información reservada por la publicación en Okdiario de las direcciones de correo electrónico del presidente del Gobierno, su mujer y el hermano del primero. Llamas ya había pedido explicaciones al general de Policía Judicial y en ese contexto recibió una llamada del ministro indignado por la publicación de las citadas direcciones de correo, que en seguida se habían colapsado con mensajes despectivos. A la pregunta de qué le dijo al ministro, Llamas respondió que durante la conversación apenas habló y que fue Marlaska quien lo hizo.

El responsable material de la apertura de las informaciones reservadas fue Llamas, a excepción de una tercera que abrió Mercedes González porque el objeto de la información periodística que se investigaba era el propio teniente coronel, al que una portada de El Mundo llamaba “peón de Marlaska” y le atribuía presiones sobre los investigadores que los máximos responsables de la UCO ya negaron en el juzgado en sus declaraciones como testigos.