Neuquén se consolida como un caso atípico en el panorama económico nacional. Mientras el país enfrenta una fuerte recesión, con casi 300.000 puestos de trabajo perdidos y caídas drásticas en el empleo privado de provincias vecinas como Santa Cruz (-16,4%) y Tierra del Fuego (-15,6%), la provincia patagónica registra un crecimiento laboral sin precedentes.
Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Neuquén lidera la creación de empleo formal privado en el país. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, se incorporaron 12.000 nuevos trabajadores, lo que representa un aumento del 7,1%.
El ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, analizó este fenómeno. Detalló que el sector comercial encabeza la generación de empleo con 27.000 puestos, seguido de cerca por la actividad minera y petrolera, y el rubro de la construcción, que emplea a 24.000 operarios. Sin embargo, Castelli alertó que este auge económico actúa como un fuerte imán migratorio, generando una presión considerable sobre la infraestructura habitacional, sanitaria y social de la región.
El gobernador Rolando Figueroa describe la situación con una metáfora: “somos como un adolescente con las zapatillas más chicas todo el tiempo”, según graficó Castelli. El flujo migratorio interno alcanza cifras alarmantes, con un promedio de 100 familias que llegan semanalmente a la provincia buscando el “derrame” de Vaca Muerta. Esta oleada demográfica pone una tensión insostenible sobre los servicios públicos esenciales, llevando al Estado provincial a proyectar la construcción de “un aula escolar por mes” para satisfacer la demanda educativa.
Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo neuquino ha definido prioridades y busca resguardar el acceso a las políticas públicas de vivienda y empleo. “No podemos ser una República Separatista ni poner fronteras, pero la prioridad absoluta es para los neuquinos y neuquinas”, afirmó el ministro. Por ello, se implementaron normativas de control residencial estrictas: las familias provenientes de otras jurisdicciones que deseen postularse a planes de vivienda estatales o registrarse en los nodos de inserción laboral deberán acreditar un mínimo de 5 años de residencia efectiva en la provincia.
El panorama se complica aún más por la falta de apoyo financiero de la administración central. Castelli denunció la ausencia de transferencias de fondos por parte del Gobierno Nacional para abordar la emergencia social en la Patagonia. “No recibimos un solo peso de Nación para hacer frente a la situación social; es toda una decisión del gobierno provincial sostener la asistencia”, enfatizó. En consecuencia, Neuquén ratificó el financiamiento autónomo de programas clave como el Plan Leña, la garrafa social y el presupuesto de comedores comunitarios, que demanda una inversión propia de 25.000 millones de pesos anuales.
La cara más visible de esta migración desplanificada se observa en las calles céntricas, donde se ha incrementado el número de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, en colaboración con equipos interdisciplinarios, coordina un plan de contingencia en refugios invernales. El objetivo, explicó Castelli, es ofrecer apoyo a quienes llegaron con falsas promesas laborales en los yacimientos petrolíferos y carecen de oficios calificados. En estos casos, el Estado brinda acompañamiento para el retorno a sus provincias de origen.
Además, los relevamientos oficiales han activado alarmas de salud pública: más del 90% de los ciudadanos en situación de calle crónica padecen cuadros severos de adicciones. Para romper este círculo de marginalidad, el Ministerio de Salud provincial conformó un gabinete específico de abordaje sanitario. Se entiende que la reinserción económica y la capacitación técnica no resultan efectivas si no se aborda primero la problemática de base de la salud mental y los consumos problemáticos.