El Ministerio Público Fiscal (MPF) ha interpuesto un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el objetivo de anular la prisión domiciliaria concedida a J. R., un hombre recientemente declarado culpable por unanimidad por un jurado popular debido a delitos de abuso sexual y corrupción de menores. La víctima es la hija de su pareja.
La presentación judicial, impulsada por el fiscal jefe Mauricio Zabala y el fiscal del caso Manuel Islas el pasado viernes, busca una intervención rápida. Dada la gravedad del caso y el alto riesgo de fuga del condenado, los representantes del MPF solicitaron la habilitación de la feria judicial para que el recurso sea tratado de forma inmediata.
Los fiscales argumentaron que la resolución dictada el 15 de julio por el Tribunal de Impugnación (T.I.), que reemplazó la prisión preventiva por el arresto domiciliario, es «manifiestamente arbitraria». En su escrito, indicaron que la decisión desatiende y aplica de forma errónea la ley procesal, ignora el contexto general del caso, carece de perspectiva de género y vulnera el deber del Estado de ofrecer una tutela judicial efectiva a la víctima.
Desde el MPF desestimaron los fundamentos del T.I., que había sostenido que si el imputado había llegado al juicio bajo detención domiciliaria con control electrónico eficaz, no se justificaba el paso a prisión preventiva. Sin embargo, los fiscales aclararon que la modalidad domiciliaria fue válida para ese acto procesal específico, pero que las necesidades cautelares evolucionan con el avance de la causa.
“Un veredicto de culpabilidad dictado por unanimidad por un jurado popular es un acontecimiento fáctico nuevo”, subrayaron las fuentes fiscales. Explicaron que esta nueva circunstancia eleva significativamente el peligro de fuga. Además, refutaron la postura del tribunal al precisar que el Código Procesal Penal no exige fundamentar por qué otras medidas de coerción menos gravosas no son idóneas al requerir la prisión preventiva.
El pedido formal elevado a la Sala Penal del TSJ solicita una audiencia para admitir el recurso extraordinario, anular la decisión del Tribunal de Impugnación y restablecer de forma inmediata la prisión preventiva de J. R. en un establecimiento carcelario.
El 1 de julio, los 12 ciudadanos que conformaron el jurado popular validaron por unanimidad la acusación de la fiscalía y la querella. Quedó probado que J. R. abusó sexualmente de la hija de su pareja desde su niñez hasta su etapa adulta. Los hechos ocurrieron en la vivienda familiar que compartieron hasta 2020, así como en oficinas comerciales del imputado, hoteles y un camión de transporte.
La calificación legal por la cual fue declarado culpable incluye abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por ser el encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de edad, en concurso ideal con corrupción de menores. Por la gravedad de estos delitos, el condenado enfrenta una pena mínima de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.