Justicia revierte la domiciliaria: condenado por 19 años de abuso irá a prisión en Neuquén

Neuquén fue escenario de un operativo judicial y policial que culminó con la detención y traslado a prisión de J. R., el hombre condenado por un jurado popular por abuso sexual y corrupción de menores. Esta medida se hizo efectiva después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocara el beneficio de prisión domiciliaria que hasta ahora gozaba el imputado, en respuesta a un pedido impulsado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). La víctima, hija de su pareja, sufrió los ataques sexuales durante 19 años.

La detención se concretó este martes por la tarde. El operativo fue encabezado por el fiscal del caso, Manuel Islas, en colaboración con personal de la Policía provincial. Las autoridades se presentaron en la vivienda donde J. R. cumplía su detención domiciliaria, procedieron a su arresto y lo trasladaron de inmediato a una comisaría de la ciudad de Neuquén, donde permanecerá bajo la modalidad de prisión preventiva.

Esta acción judicial es la consecuencia directa de una resolución de la Sala Penal del TSJ, integrada por los vocales Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari. El máximo tribunal dejó sin efecto una decisión previa de un Tribunal de Impugnación que había concedido el arresto domiciliario a J. R. En su lugar, el TSJ ratificó la prisión preventiva en cárcel común, que había sido dispuesta originalmente por un juez de garantías y confirmada posteriormente por un Tribunal Revisor.

La ofensiva del Ministerio Público Fiscal para revertir la morigeración de la pena se formalizó ayer durante una audiencia clave. En esa instancia, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Manuel Islas defendieron los argumentos del pedido de revocatoria ante el TSJ, una solicitud que contó con el respaldo explícito del abogado querellante particular, Carlos Caroselli.

Con este giro judicial, la defensa de J. R. enfrenta un nuevo revés, y el caso avanza hacia la ejecución firme de la condena. Se mantiene así el criterio fiscal de que el imputado debe cumplir la espera de su pena privado de libertad en un establecimiento policial, y no en su residencia particular, reafirmando la decisión de que la prisión común es el lugar adecuado para quien ha sido hallado culpable de delitos tan graves.