Caso Cuadernos: Testimonios de ARCA Refuerzan la Trama de Sobornos y Desdibujan la Defensa Empresarial

En el marco del juicio oral del caso Cuadernos, los últimos testigos citados por el Ministerio Público Fiscal, funcionarios y exfuncionarios del ARCA, han concluido sus declaraciones. Sus testimonios ratifican la existencia de maniobras contables destinadas al pago de sobornos. Estas prácticas se habrían extendido entre 2003 y 2015, periodo en el que empresas y particulares habrían pagado sumas, mayoritariamente en dólares, para asegurar contratos, concesiones, obras y subsidios del gobierno. Para la fiscalía, estas declaraciones confirman el papel activo de las compañías y sus directivos en la estructura de corrupción.

Este proceso judicial, el de mayor envergadura por corrupción en los Tribunales federales de Retiro, señala a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita. La lista de imputados incluye a diecinueve exfuncionarios públicos, principalmente del ex Ministerio de Planificación Federal, sesenta empresarios, exchoferes y secretarios. Mientras los exfuncionarios son acusados por asociación ilícita, los dueños de las empresas investigadas enfrentan cargos por cohecho activo, es decir, el pago de sobornos.

A solicitud de la fiscal general Fabiana León, más de una docena de exintegrantes y actuales funcionarios del ARCA, contadores públicos y administradores de empresas, fueron llamados a testificar. Su labor consistió en fiscalizar a diversas compañías y empresarios involucrados en la causa. Fuentes judiciales, citadas por Clarín, indicaron que la mayoría de los relatos describieron la trama de sobornos como un “sistema de beneficios recíprocos”. Esta perspectiva choca con una de las principales líneas de defensa de los empresarios, quienes sostienen haber sido víctimas de presiones y extorsiones por parte de exfuncionarios de Planificación Federal para pagar sobornos y así mantener sus obras y contratos.

Sin embargo, la fiscalía argumenta que esta defensa se debilita al considerar que muchos de estos empresarios se acogieron al régimen de beneficios fiscales de 2016. Esto, según los investigadores, revela la existencia de “estructuras financieras preexistentes de muchos años” y la acumulación de activos –ahorros en dólares “en negro”– que luego fueron exteriorizados en el blanqueo. Estos movimientos sugieren que los empresarios también acumulaban fondos ilegales, tanto a nivel corporativo como personal, lo que va más allá de una simple extorsión.

Durante las testimoniales, los funcionarios del ARCA ratificaron parte de la documentación incorporada a la causa, incluyendo informes de fiscalizaciones que fueron visualmente identificados por los testigos. Asimismo, sus declaraciones permitieron establecer la presencia de “salidas de dinero no documentadas” en la contabilidad de las empresas bajo investigación. Se encontró, además, una coincidencia en fechas, montos y firmas con lo declarado por Ernesto Clarens, el financista K convertido en arrepentido. Una fuente judicial también consignó que la compra de dólares en efectivo por el 50% de los anticipos financieros de las obras –realizada al día siguiente del pago– coincide con lo descrito por Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción y titular de Esuco, quien también se acogió al régimen de arrepentidos.

Los informes de ARCA también señalaron que los patrimonios de un listado de empresarios se vieron incrementados, para luego acogerse al mencionado régimen de perdón fiscal.

En las audiencias también se abordó la planilla confeccionada por el financista Clarens, un documento clave entregado a la justicia federal cuando se convirtió en imputado colaborador. Clarens, según su confesión, manejó sobornos de un grupo reducido de constructoras viales que Wagner denominó “la Camarita”. Este grupo, una subdivisión específica de la Cámara de la Construcción, le entregaba semanalmente, en pesos, sumas que oscilaban alrededor de los 300.000 dólares por entrega, con anotaciones detallando lo cobrado, monto y concepto.

El esquema de operación, según la fiscalía, comenzaba cuando las empresas de “la Camarita” acordaban qué firma sería adjudicataria de una licitación, siguiendo un “código informal” de rankings y devolución de favores. Una vez decidida la ganadora, la Dirección Nacional de Vialidad iniciaba los desembolsos. En ese momento, se activaba el circuito de recaudación ilegal, con Clarens como receptor inicial de los “retornos”. Estos pagos ilícitos, provenientes de obras viales que incluían anticipos financieros, representaban entre el 3% y el 20% del monto ofertado por la obra.

Numerosos testigos citados por el Ministerio Público Fiscal hicieron referencia a la planilla de Clarens, que detallaba fechas de entrega de dinero para su conversión a dólares, nombres de compañías y montos exactos. La orden judicial era constatar si en esas fechas las firmas mostraban movimientos de dinero. Los fiscalizadores de la entonces AFIP informaron ante el Tribunal Oral Federal 7 que detectaron “retiros de dinero en efectivo, por ventanilla”, algunos de ellos a través de cheques. Se precisó esta semana que estos retiros de dinero eran “consecutivos, a comienzos de mes y siempre con el mismo cajero”.

Aunque los funcionarios de la ex AFIP explicaron que una vez retirado el dinero por ventanilla bancaria “se pierde la trazabilidad” y no se puede determinar el destinatario final, la sospecha del Ministerio Público Fiscal es que esos retiros estaban destinados al pago de las coimas acordadas con los exintegrantes del entonces Ministerio de Planificación Federal. Testimonios como el de Mariano Barbería confirmaron la concordancia entre las fechas y montos de la planilla de Clarens y lo detectado en los procesos de fiscalización.

La fiscalía insiste en que las compañías involucradas no eran meras “víctimas bajo extorsión”, sino que actuaban como “beneficiarias del sistema”. Esto significa que, además de garantizar la continuidad de obras, contratos y concesiones, obtenían “ganancias patrimoniales personales y para las propias compañías”, tal como lo señaló una fuente judicial.