Tras una aprobación agridulce en el Senado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el Gobierno se prepara para un nuevo desafío en Diputados con una estrategia clara: resignar los capítulos que modificaban la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego. Esta decisión busca evitar confrontaciones con los aliados y asegurar el respaldo necesario para la iniciativa central.
El oficialismo acusó recibo del revés sufrido en la Cámara alta, donde, a pesar de los esfuerzos de Patricia Bullrich, los aliados modificaron sustancialmente el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. A partir de ahora, las reformas que Sturzenegger desee enviar al Congreso deberán ser consultadas previamente con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El texto aprobado por el Senado llegó a Diputados el pasado viernes. La Libertad Avanza (LLA) planea comenzar su debate una vez que se resuelva la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuya discusión en comisión podría llevarla al recinto el 19 o 26 de agosto.
La LLA ha aceptado que los capítulos de Tierras y de Manejo del Fuego se discutan con mayor tiempo y un consenso más amplio con la oposición aliada, descartando cualquier intento de reincorporarlos en esta etapa. Un diputado opositor, en una crítica punzante, calificó lo ocurrido como un “fuerte golpe a Sturzenegger y un aprendizaje para el Gobierno”, añadiendo que “la idiotez y la soberbia son malas consejeras”.
El oficialismo reconoce un “cambio de contexto” para los planes del ministro de Desregulación. Es notable que la resistencia no provino de la oposición tradicional, sino de un “efecto social” que hizo trastabillar al Gobierno, que en el primer semestre había celebrado logros en el Congreso, incluso sorteando el caso de Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.
LLA busca aprobar la ley de propiedad privada sin cambios
La estrategia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es mantener la media sanción del Senado para evitar fricciones con los bloques aliados. El PRO, liderado por Cristian Ritondo, se alinea con esta postura, ya que la defensa de la propiedad privada ha sido parte de su agenda por más de dos décadas.
Desde el bloque amarillo, se valora positivamente la aplicación del juicio sumarísimo para desalojos, considerado un procedimiento ágil con control judicial para recuperar inmuebles usurpados. También apoyan las restricciones al Estado para la expropiación de bienes, eliminando las expropiaciones genéricas e incorporando el lucro cesante.
En el Senado, el bloque radical votó casi en su totalidad a favor del proyecto (solo faltó Flavio Fama por licencia médica), lo que sugiere que en Diputados, la bancada presidida por Pamela Verasay, en sintonía con Alfredo Cornejo (uno de los aliados más firmes del Gobierno), respaldará la propuesta.
Se esperan sumar los votos del MID y de los legisladores misioneros de Innovación Federal, aunque el apoyo de los tres diputados salteños que responden a Gustavo Sáenz es incierto, ya que la senadora Flavia Royón votó en contra. Así, la iniciativa podría alcanzar cerca de 120 diputados, a los que se sumarían los dos sanjuaninos, el santacruceño José Luis Garrido y la radical Karina Banfi, quien está en línea con Maximiliano Abad, quien votó a favor tras la caída del capítulo de la Ley de Tierras y apoyó la eliminación de la modificación a la Ley de Manejo del Fuego.
A pesar de que el Gobierno cuenta con una base de alrededor de 130 diputados entre propios y aliados, el panorama no es del todo claro. La votación en el Senado demostró que algunos “dialoguistas” podrían cambiar su postura en Diputados.
Los aliados que se bajan de la ley de propiedad privada
Existen datos clave a considerar: en el Senado, las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza rechazaron la propuesta, lo que podría significar que el oficialismo no contará con los tres diputados del bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo.
Tampoco se asegura el respaldo de los tres diputados salteños de Sáenz, ni de los tres catamarqueños alineados con el gobernador Raúl Jalil. A estos se suma la neuquina Karina Maureira, cercana a Rolando Figueroa, ya que su senadora votó en contra del proyecto.
Desde el peronismo, que cuenta con 93 bancas, valoran que el Senado haya desechado los capítulos de Tierras y Manejo del Fuego. No obstante, admiten que existen puntos sensibles como los desalojos, un tema que podría ser utilizado por la oposición más dura para impulsar proyectos vinculados a la alta morosidad.
Los cuatro diputados de izquierda y una decena de legisladores que responden a gobernadores y otros monobloques podrían conformar un bloque de hasta 115 votos en contra.
En este escenario, la clave de la votación residirá en la posición de los 18 representantes de Provincias Unidas, un espacio heterogéneo formado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes ya mostraron divisiones en el Senado y podrían replicarlas en Diputados.
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