En una nueva jornada del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, de cinco años, realizada este martes en el Tribunal Federal de Corrientes, declararon tres testigos clave: una ex funcionaria del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Perdidas y Extraviadas (Sifebu), una médica ginecóloga que atendió a una de las imputadas la noche en que desapareció el niño, y un ex jefe de Investigaciones de la Policía Federal, quien expuso su hipótesis sobre el destino del menor.
María Leticia Risco, ex titular del Sifebu, reveló que el entonces comisario Walter Adrián Maciel rechazó tanto los recursos como la colaboración ofrecida para la búsqueda de Loan en la zona de El Algarrobal, en 9 de Julio, Corrientes. Según Risco, Maciel “molestaba” su presencia y se mostró siempre reacio a responder consultas sobre el caso, calificando como “mala” la investigación judicial llevada a cabo en los días siguientes a la desaparición.
Con catorce años al frente del Sifebu y participación en más de 7.000 búsquedas, Risco detalló que se enteró de la desaparición del niño a través de los medios el viernes 14 de junio, a las 10 de la mañana, y que al consultar el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales no encontró antecedente alguno. Su primer contacto telefónico fue con el comisario de 9 de Julio y luego con el fiscal Juan Carlos Castillo, quien le brindó detalles sobre cómo desapareció Loan cerca de la casa de su abuela.
Risco explicó que, ante las características del caso, se activó el protocolo Alerta Sofía al día siguiente, tras recibir el oficio de la Fiscalía. Ella y su equipo arribaron el sábado 15 de junio alrededor de las 11 horas a El Algarrobal. Sin embargo, denunció una grave falta de coordinación en los rastrillajes. Tras expresar su preocupación al fiscal, éste le informó que la búsqueda estaba a cargo del director de Defensa Civil, Bruno Lovinson. Risco recomendó limitar el ingreso de civiles al área para optimizar la tarea, pero al presentarse con Maciel para ofrecer recursos federales, este respondió que no los necesitaban, asegurando que estaban “trabajando bien”.
Aunque el fiscal Castillo aceptó la colaboración, que permitió la incorporación de bomberos de Chaco y Entre Ríos con perros adiestrados, Risco señaló que éstos no recibían tareas asignadas, y que la abundancia de personas sin coordinación en el lugar dificultaba el operativo. Ante el destrato, pidió al fiscal que reconsideraran su permanencia, pero finalmente colaboraron en la organización de los rastrillajes.
La actitud cambió con la llegada del fiscal Guillermo Barry, cuando se les permitió acceder a testimonios incorporados al expediente y ambos fiscales solicitaron que el caso pasara a la Justicia Federal. La creación del Comando Unificado Corrientes (CUC) permitió la incorporación de equipos federales con tecnología avanzada, como drones, geo radares, buzos, embarcaciones y perros de búsqueda.
Risco manifestó que al llegar a El Algarrobal observó falta de liderazgo claro y que Maciel se mostró reticente a compartir información, brindando datos de manera limitada y de mala gana, incluso sobre la recuperación de unas pertenencias de Loan en un lodazal. En una reunión en la comisaría de 9 de Julio, Maciel intentó responsabilizar al fiscal Castillo, a quien describió como “nuevo e inexperto”.
Sobre el hallazgo del botín, Risco consideró improbable que Loan haya caminado hasta ese lugar, señalando que en esa zona cualquier pedido de ayuda es audible. Admitió la dificultad de estos casos y destacó la importancia fundamental de las primeras 24 horas para la investigación.
En segundo lugar, la médica ginecóloga Cinthia Grimaldi declaró que atendió a María Victoria Caillava en su consultorio de Corrientes la noche siguiente a la desaparición del niño, por un supuesto ataque de tos. Indicó que no escuchó a Caillava toser durante los más de 20 minutos que permaneció en la consulta, y que esta no mencionó nada sobre el caso.
Carlos “Pachucho” Moreira, vecino de 9 de Julio, testificó sobre supuestas huellas de Loan halladas cerca del lugar donde se encontró uno de los botines que calzaba el niño. Señaló que el hallazgo estaba a una distancia considerable del naranjal donde fue visto por última vez, y expresó que no cree factible que un niño de esa edad pudiera haber llegado caminando hasta ahí.
A raíz de esta declaración, el abogado defensor Rodolfo Baqué solicitó una reconstrucción de esa escena, pedido respaldado por otros abogados. El fiscal Carlos Schaefer se opuso, argumentando que nunca se probó que esas huellas correspondieran a Loan y que la solicitud buscaba entorpecer el juicio. El tribunal, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, postergó la resolución del incidente.
Por último, el comisario general Martín Leonardo De Cristóbal, actual jefe de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, indicó que al conformarse el CUC se designó al comisario Pirrone como responsable. Detalló que entre fines de junio y diciembre de 2024 trabajaron en Corrientes cerca de 150 efectivos de la Policía Federal, con la participación de unas 500 personas de todas las fuerzas federales en el rastrillaje del 30 de junio, ordenado por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.
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