La Fiscalía de Delitos Económicos ha iniciado una investigación contra la viceintendenta de San Patricio del Chañar, Verónica González, y la concejal Mónica Barrera. El caso se centra en la aprobación de una ordenanza destinada a regularizar un terreno que originalmente pertenecía al municipio.
Se prevé una audiencia el próximo 19 de agosto en la Ciudad Judicial de Neuquén para la formulación de cargos, marcando un paso clave en el proceso judicial.
La denuncia fue presentada por un grupo de concejales opositores al intendente Gonzalo Núñez. Según el escrito, González y Barrera habrían orquestado una maniobra para que la concejal Barrera se apropiara de un terreno de propiedad municipal.
Los denunciantes alegan que, si bien la cesión fue aprobada por el Concejo Deliberante, órgano presidido por la viceintendenta González, el procedimiento no habría seguido los cauces habituales. Fuentes cercanas al expediente sugieren que el delito bajo investigación sería el de negociaciones incompatibles con la función pública, aunque esto se confirmará oficialmente durante la acusación.
Mariano Mansilla, abogado de Mónica Barrera, ha cuestionado la posible carátula del caso, defendiendo a su clienta y destacando su arraigo familiar en El Chañar y su trayectoria política, primero en el Movimiento Popular Neuquino y luego en Comunidad. Mansilla sostuvo que las acusaciones tienen un trasfondo político, influenciado por los resultados de las últimas elecciones en la comuna.
El abogado explicó que el terreno en cuestión fue adquirido por Barrera hace una década, en un momento en que ya no era propiedad municipal, sino que le pertenecía a otra mujer a quien el municipio se lo había entregado inicialmente. Con el cambio de gestión en 2023, se presentó una ordenanza para “intentar regularizar” la zona donde se ubica el predio, lo que fue interpretado por los concejales denunciantes como una maniobra irregular para ceder el lote.
Mansilla aseguró que su defendida está dispuesta a colaborar con los investigadores, afirmando que la defenderán “judicial y políticamente”. Añadió que la ordenanza que motivó la investigación aún no ha sido promulgada, lo que, según él, limita su efecto legal.
Mientras tanto, el medio local Chañar Digital informó que la fiscalía ya ha ordenado la realización de allanamientos en dependencias municipales en busca de información relevante para la causa.
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