Las aulas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) permanecen vacías. El inicio del segundo cuatrimestre en Neuquén y la Patagonia se ve marcado por un paro universitario que, a nivel nacional, impulsa federaciones docentes y no docentes. Detrás de esta medida de fuerza, hay un reclamo central: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Silvia Brouchoud, exsecretaria general de ADUNC y actual referente gremial en Neuquén, dialogó con Rivadavia Neuquén y expuso un panorama preocupante. Advirtió sobre la renuncia de profesionales de alto nivel y el drástico atraso en las becas estudiantiles, una situación que pone en jaque el normal funcionamiento de las instituciones y el futuro de la educación pública en la región.
El corazón del conflicto radica en la inacción del gobierno nacional ante una ley que cumplirá un año de sancionada el próximo 21 de agosto. Brouchoud explicó el tortuoso camino de esta normativa: fue aprobada por el Congreso, luego vetada por el Poder Ejecutivo, ratificada nuevamente por ambas cámaras y, finalmente, suspendida mediante un decreto presidencial. Este «laberinto judicial y político», como lo describe la dirigente, mantiene paralizada su aplicación.
“Esta situación se destrabaría de una sola manera y sería que el gobierno nacional cumpla nada más y nada menos que con una ley”, enfatizó Brouchoud. Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia ya rechazó el intento del oficialismo de mantener la suspensión. Las universidades ahora exigen una actualización de los tres pilares del sistema: los gastos operativos, la recomposición salarial atada a la inflación y, de manera urgente, el monto de las becas para estudiantes.
El impacto del ajuste se siente de forma particularmente dura en el ámbito estudiantil. Las becas Progresar, con un monto de $35.000 mensuales, se encuentran congeladas. Esta cifra resulta irrisoria si se compara con la Canasta Básica Total, que supera los $800.000 para una familia tipo, y la inflación interanual que no da tregua. Mientras que años atrás este beneficio podía cubrir hasta el 80% del alquiler en ciudades universitarias, hoy apenas alcanza para cubrir gastos menores como fotocopias o transporte, evidenciando una grave pérdida de poder adquisitivo.
Según la referente gremial, la austeridad económica se ve acompañada por una fuerte estrategia de estigmatización por parte del gobierno nacional. El objetivo, sostiene Brouchoud, es desviar la atención del debate sobre la falta de presupuesto. “Buscan un chivo expiatorio al cual echarle la culpa”, señaló, aludiendo a las descalificaciones que regularmente se lanzan contra la comunidad académica y científica en la opinión pública.
El deterioro de los salarios está causando un daño estructural de difícil reversión a corto plazo. La imposibilidad de llegar a fin de mes está empujando a docentes e investigadores, muchos de ellos de alto nivel, a dejar sus puestos en las universidades públicas. La búsqueda de mejores oportunidades en el sector privado o incluso en el extranjero se ha vuelto una opción cada vez más frecuente.
Esta «fuga de profesionales» amenaza con dejar vacías las cátedras y, consecuentemente, minar la calidad académica que históricamente ha distinguido a instituciones como la UNCo. Ante este panorama, el plan de lucha se mantiene firme. Con diversas actividades de visibilización programadas en la Patagonia, incluyendo convocatorias de científicos y docentes en Bariloche, la comunidad universitaria ha dejado claro que la interrupción del segundo cuatrimestre es un claro reflejo de un sistema educativo que está al borde del colapso institucional.
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