Los 35 diputados de la provincia de Neuquén se someterán, finalmente, a controles de detección de drogas. La Legislatura aprobó un protocolo que establece las pautas para estos exámenes antidoping, los cuales serán sorpresa y aleatorios. Se realizarán cada dos meses dentro del recinto legislativo, tanto durante el período ordinario de sesiones y comisiones como en eventuales sesiones extraordinarias.
Para la ejecución de estas pruebas toxicológicas, la Cámara contratará de manera excepcional a un laboratorio por los cuatro meses restantes del año. A partir de 2027, el servicio deberá ser licitado públicamente. La medida busca dar cumplimiento a la ley de narcotest, que abarca a los tres poderes del Estado y fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. Si bien la normativa se sancionó hace casi un año, su implementación en la Legislatura había permanecido pendiente.
La demora en la aplicación generó controversia. Zulma Reina, quien preside la Cámara tras la destitución de Gloria Ruiz, atribuyó el retraso a la falta de potestad para reglamentar la ley. Esta justificación fue duramente cuestionada por el legislador Claudio Domínguez (MPN) antes del receso invernal, quien le respondió que «no hay excusas». El debate se trasladó a comisión, hasta que la aprobación del protocolo zanjó la discusión sobre los procedimientos.
La resolución que oficializa el protocolo obtuvo 30 votos a favor y solo dos en contra. El bloque del Frente Izquierda y Unidad mantuvo su postura de rechazo a la iniciativa. Julieta Ocampo argumentó que la valía de un legislador reside en la orientación de sus decisiones políticas, y no en posibles problemas de consumo de sustancias. Por su parte, César Parra Jara calificó la propuesta de «cortina de humo, un circo» y cuestionó su aporte real a la lucha contra el narcotráfico.
Desde el bloque Cumplir, la legisladora libertaria Brenda Buchiniz expresó su satisfacción por la reglamentación, pero señaló una disparidad. El protocolo legislativo exige a los diputados concurrir de inmediato si son notificados para el control, mientras que el Poder Ejecutivo otorga un plazo de 24 horas a sus funcionarios sorteados para presentarse al hospital. Buchiniz instó al Ministerio de Salud a revisar su protocolo para equiparar los estándares.
En cuanto a los aspectos económicos y de procedimiento, el costo de los exámenes será descontado de los haberes de los legisladores. Las pruebas buscarán metabolitos de opioides, cannabinoides y cocaína, entre otras sustancias. Los diputados que arrojen un resultado positivo podrán solicitar una contraprueba y, en caso de confirmarse, serán pasibles de sanciones. Es importante destacar que el objetivo principal de la ley es establecer un requisito para la permanencia en el cargo y no contempla acompañamientos de salud específicos para los casos detectados.
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