La Legislatura de Neuquén habilitó un mecanismo que obliga a sus representantes a someterse a exámenes toxicológicos sorpresa, una medida que busca cortar cualquier vínculo entre el poder y el narcotráfico. El diputado Marcelo Bermúdez, en diálogo con Rivadavia Neuquén, destacó la importancia de esta iniciativa, que ya es una realidad para los altos cargos del Estado provincial.
La implementación del narcotest fue aprobada con un amplio consenso político, obteniendo 30 votos a favor y solo dos rechazos provenientes de las bancas de izquierda. Esta acción completa la reglamentación de la Ley 3531, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y reglamentada en febrero de este año, estableciendo un precedente significativo en la transparencia institucional de la Patagonia y buscando asegurar la idoneidad en la toma de decisiones.
El procedimiento diseñado es claro y no permite dilaciones. Los 35 legisladores provinciales podrán ser convocados de forma inesperada por el área de Medicina Laboral para realizarse un test rápido de orina. Estos controles podrán efectuarse tanto si se encuentran trabajando en comisiones como durante una sesión ordinaria.
En caso de que un funcionario obtenga un resultado positivo, el protocolo establece una contraprueba. Si este segundo examen confirma la presencia de estupefacientes ilegales, el caso se elevará directamente a la presidencia de la Cámara o al órgano correspondiente, lo que podría desencadenar mecanismos de exoneración o cesantía.
El sistema también contempla excepciones médicas justificadas. Aquellos que estén bajo tratamiento por condiciones de salud específicas, como diabetes, glaucoma o terapias con cannabis medicinal, deberán presentar las recetas pertinentes para que los profesionales médicos evalúen y convaliden su situación.
El espíritu de la ley no busca criminalizar la adicción desde una perspectiva sanitaria, entendiéndola como una enfermedad que requiere tratamiento, sino proteger la integridad del Estado. En este sentido, el legislador Bermúdez fue categórico al subrayar la incompatibilidad absoluta entre el ejercicio de la función pública y el consumo de drogas ilícitas.
“Un funcionario público no puede tener relación con alguien que vende drogas. Difícilmente podamos avanzar en la lucha contra el narcotráfico si un fiscal, un jefe de policía o un ministro consume y le compra a un narcotraficante”, expresó Bermúdez. La medida busca evitar que quienes tienen en sus manos la seguridad, la legislación y la justicia provincial financien o sean clientes de las redes delictivas que el propio Estado está obligado a combatir.
El alcance de la Ley 3531 no se restringe únicamente al Poder Legislativo. La obligatoriedad de los exámenes toxicológicos recae sobre los estratos más altos y con poder de decisión de los tres poderes del Estado neuquino. Esto incluye a la cúpula del Ejecutivo (gobernador, ministros, secretarios y titulares de entes autárquicos), a los diputados del Legislativo, y a jueces, fiscales y defensores del Judicial. Con esta normativa, la dirigencia política se equipara con las exigencias preventivas que ya son habituales para otros sectores estratégicos de la provincia, como las fuerzas de seguridad policiales o los operarios de la industria petrolera.
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