Existe una profunda confusión entre los extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con visas temporales, como las de turista, estudiante o trabajo. Muchos creen que presentar el recibo de un trámite migratorio en curso, como una solicitud de asilo (Formulario I-589), les otorga inmunidad automática frente a las autoridades de control, pero la realidad legal es distinta.
El abogado especialista en inmigración, Ángel Leal, en una entrevista con CNN, ha clarificado la diferencia crucial entre estar bajo un «período de estadía autorizada» y contar con un estatus legal consolidado. Cuando un visitante permanece en el país más allá de la fecha límite establecida en su registro electrónico de entrada (Formulario I-94), independientemente de la vigencia de su visado físico en el pasaporte, incurre en una «permanencia no autorizada» o visa overstay.
Si bien la presentación de un recurso de asilo o una petición de ajuste migratorio puede ofrecer una protección temporal contra una expulsión inmediata mientras el gobierno revisa el expediente, esto no revierte la infracción inicial por exceder el tiempo de estadía autorizado. Al carecer de un estatus migratorio activo y definitivo, la persona permanece bajo la jurisdicción de arresto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Uno de los principales motivos por los que un documento oficial (Formulario I-797) o fotocopias de un expediente no impiden una detención en la vía pública o durante un operativo de ICE, radica en la forma de actuar de los oficiales. Los agentes de campo actúan como ejecutores de la ley bajo una «sospecha fundada» de infracción administrativa y no tienen la autoridad judicial para evaluar la validez de un caso complejo en el lugar de los hechos.
Además, las patrullas en terreno carecen del tiempo y la infraestructura necesarios para autenticar la legitimidad de documentos impresos o fotostáticos. Estos carecen de los elementos de seguridad verificables en tiempo real en las bases de datos operativas de ICE, como ENFORCE o IDENT. Si la verificación inmediata en el sistema no confirma un estatus legal activo y definitivo, el protocolo establece la custodia preventiva para derivar el caso a una instancia formal.
Expertos en la materia también advierten sobre el riesgo de entregar voluntariamente documentación de identificación extranjera durante un control rutinario. Proporcionar un pasaporte original o un certificado de nacimiento del país de origen facilita a los agentes la prueba directa de la ciudadanía extranjera y la ausencia de estatus legal en EE. UU., lo que agiliza los plazos administrativos para la emisión de una orden de remoción.
La acumulación de presencia no autorizada en Estados Unidos conlleva severas sanciones según la legislación federal. Permanecer más de 180 días fuera de estatus antes de salir del país activa la «ley del castigo» de tres años, impidiendo el reingreso. Este plazo se extiende a diez años si la estadía irregular supera los 365 días continuos.
Ante un posible encuentro con agentes federales, ya sea en la vía pública o en un punto de control, organizaciones de derechos civiles y analistas en derecho migratorio sugieren adoptar una postura de resguardo legal. Esto incluye hacer valer el derecho a guardar silencio, pues no existe obligación de dar explicaciones detalladas sobre el historial de visados o el itinerario migratorio.
Es crucial evitar firmar cualquier documentación no revisada. Esto significa abstenerse de suscribir acuerdos de salida voluntaria u órdenes de expulsión sin la supervisión previa de un abogado. Finalmente, es indispensable memorizar el Número de Registro de Extranjero (A-Number), un identificador de nueve dígitos que permite a familiares o representantes legales rastrear el paradero de la persona en el Sistema de Localización de Detenidos de ICE (Online Detainee Locator System) e iniciar una estrategia de defensa legal ante la Corte de Inmigración.
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