Francia se encuentra en medio de un escándalo de ciberseguridad tras una serie de ataques que han expuesto los datos de casi 700.000 personas y empresas. La Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP), el organismo tributario del país, se ha convertido en el blanco principal de un grupo de ciberdelincuentes conocido como «ZeroBytes», generando una profunda preocupación por la vulnerabilidad de la infraestructura digital del Estado.
Los incidentes se intensificaron drásticamente. A finales de junio, un acceso no autorizado al sistema informático de la DGFiP permitió la consulta y extracción de información fiscal. El 13 de agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas (Bercy) confirmó la intrusión, aunque sin detallar inicialmente la magnitud del impacto.
Detrás de estos asaltos opera «ZeroBytes», un nombre que comenzó a circular en foros frecuentados por ciberdelincuentes. Aunque se especuló sobre su naturaleza, el propio grupo se presenta como una dupla, lejos de ser una organización cibercriminal estructurada, y afirma haber logrado penetrar la red de la DGFiP, extrayendo cientos de miles de líneas de datos. Su motivación declarada es económica, fijando el precio de la información en varios miles de euros, aunque no se ha confirmado ninguna transacción hasta el momento.
Este no es el único frente de acción de ZeroBytes en Francia. El grupo también se atribuye ataques previos contra otras entidades gubernamentales como el Ministerio de Educación, la Agencia Nacional de Seguridad Documental (ANTS), el servicio de mensajería Tchap, la URSSAF (seguridad social), y la Oficina Francesa de Inmigración e Integración. Además, han reivindicado intrusiones en el sector privado, como la cadena de supermercados Intermarché.
Los dos ataques más recientes confirmados por la DGFiP fueron reivindicados por ZeroBytes en un foro de reventa de datos en la dark web. El primero, a fines de junio, se dirigió al sitio impots.gouv.fr, el portal principal de impuestos. El grupo accedió a una Red Privada Virtual (VPN) usada por funcionarios fiscales y robó cerca de 680.000 líneas de datos antes de que la DGFiP cortara la conexión.
El segundo ataque, a fines de julio, tuvo como objetivo el Servidor Profesional de Datos Catastrales (SPDC). Los atacantes afirmaron haber eludido la autenticación multifactor, un sistema de seguridad de dos pasos. Aunque interrumpieron la descarga por lentitud, lograron recuperar más de 250.000 entradas, que, según sus cálculos, corresponden a más de dos millones de propietarios al considerar que varias personas pueden estar asociadas a una misma parcela.
La información filtrada incluye datos fiscales de particulares y empresas: nombres, direcciones, números de teléfono, información sobre ingresos declarados, número de identificación fiscal, estado civil, situación tributaria y la lista de mensajes intercambiados con la DGFiP. El sitio especializado FrenchBreaches precisó que 678.438 personas se vieron directamente afectadas por la principal filtración. La preocupación es que esta base de datos se revenda a terceros para campañas de phishing o robo de identidad, haciendo que las estafas sean más creíbles.
La oposición política, tanto de izquierda como de derecha, ha expresado su inquietud por la fragilidad de Francia ante estos ciberataques. La oficina del Primer Ministro francés ha ordenado una auditoría exhaustiva para esclarecer el alcance de la filtración. El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, ofreció una conferencia de prensa para supervisar la respuesta y defender la reputación de la DGFiP, mientras que Amélie Verdier, directora general del organismo, reconoció que «la confianza se ha visto afectada» y recordó a los ciudadanos las vías alternativas para contactar a la administración.
Las autoridades fiscales han comenzado a contactar a los afectados. Los correos electrónicos, que inician con «Usted se ve afectado por este acto malicioso», resumen los hechos e informan sobre los datos específicos a los que los hackers pudieron haber accedido. Se aclara que las declaraciones y notificaciones fiscales, así como el acceso a las cuentas personales en impots.gouv.fr, permanecen intactos.
La DGFiP ha emitido recomendaciones clave: extremar las precauciones ante cualquier contacto que solicite información confidencial, validar transacciones bancarias o pedir contraseñas. Subrayan que la administración nunca solicitará información fuera del portal seguro en línea y que las cartas oficiales nunca incluyen enlaces a servicios externos. También aconsejan vigilar de cerca las cuentas bancarias y evitar hacer clic en enlaces sospechosos o proporcionar datos sin verificar la fuente.
El impacto de estos incidentes ha escalado a nivel judicial y legislativo. La Fiscalía de París ha abierto una investigación por «extracción fraudulenta de datos» y «conspiración criminal». En el ámbito político, los senadores han solicitado una investigación parlamentaria. El ministro Amiel ha prometido «medidas de emergencia» para reforzar la seguridad, incluyendo la generalización de la autenticación de dos factores y la realización de «autoataques» asistidos por IA para detectar vulnerabilidades. Además, la directora general Amélie Verdier confirmó, el 18 de agosto, una «tercera filtración» de datos relacionada con herencias, lo que subraya la persistencia del desafío para la administración francesa.
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