El Gobierno nacional ha realizado una significativa reconfiguración en las funciones de sus ministerios, integrando la prevención y el tratamiento de la ludopatía entre las responsabilidades del Ministerio de Salud. Paralelamente, se ha modificado el esquema de control estatal sobre los alimentos, delegando la fiscalización sanitaria de toda la cadena agroalimentaria al Ministerio de Economía, mientras que la cartera sanitaria conservará las tareas de rectoría y normatización.
Estas modificaciones se formalizaron a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 771/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que introduce cambios en diversos artículos de la Ley de Ministerios.
Uno de los cambios más destacados redefine las competencias en el ámbito agroalimentario. A partir de ahora, el Ministerio de Economía asumirá la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera. Esto incluye la normalización, registro y control de la sanidad, calidad higiénico-sanitaria e inocuidad de productos como alimentos agroalimentarios, bebidas, aguas minerales, dietéticos y alimentos acondicionados. Su intervención abarcará todas las etapas: producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación y exportación.
Por su parte, el Ministerio de Salud mantendrá un rol central en la normatización y rectoría en materia de alimentos, dentro de su esfera de competencia. El Gobierno justifica esta distribución al señalar que es crucial que la cartera sanitaria dirija estas políticas con un objetivo prioritario: la protección y promoción de la salud de la población.
Además, el decreto ajusta las atribuciones relacionadas con productos de higiene, cosmética y uso doméstico. Salud continuará a cargo de la fiscalización de medicamentos, productos biológicos, drogas, hierbas medicinales y material de aplicación médica. También participará activamente en la determinación de las sustancias prohibidas y de uso condicionado para productos de higiene, tocador, cosmética humana y de uso doméstico.
Otra de las importantes novedades es la inclusión de la ludopatía. El Ministerio de Salud ahora deberá diseñar y ejecutar políticas públicas enfocadas en la prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, así como en la prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía, específicamente en juegos de azar y apuestas.
Para fundamentar esta decisión, el decreto cita datos del Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025. Este estudio reveló que más de una cuarta parte de los estudiantes encuestados manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año. El texto del decreto subraya, además, que la prevalencia de esta conducta es «significativamente superior en las modalidades desarrolladas mediante plataformas digitales».
En los considerandos de la normativa, el Gobierno define la ludopatía como un trastorno caracterizado por la «pérdida de control sobre la conducta de juego», una persistencia de este comportamiento a pesar de sus consecuencias negativas, y una afectación progresiva de la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales, y el desempeño educativo y laboral. Se argumenta que la ludopatía comparte características con otros consumos problemáticos, y que su prevención, detección temprana, asistencia y rehabilitación son intervenciones intrínsecas a las políticas públicas de salud.
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