Una orden de desalojo en Neuquén, que busca liberar un predio privado ocupado por unas 130 personas, se encuentra en suspenso. Aunque el juez de Garantías Lucas Yancarelli autorizó el operativo a pedido del Ministerio Público Fiscal, la presencia de numerosos menores de edad y las dificultades geográficas del terreno han obligado a las fuerzas de seguridad a postergar la acción directa.
La ocupación del predio comenzó a consolidarse a mitad de semana, cuando un grupo inicial de cerca de 90 personas ingresó al terreno, montando carpas y delimitando parcelas. En pocas horas, la cantidad de ocupantes creció notablemente, alcanzando entre 120 y 130 individuos. Ante esta situación, efectivos de la Policía provincial, incluyendo divisiones de la Montada, motoristas y unidades metropolitanas, establecieron un perímetro de seguridad, a la espera de definiciones sobre el procedimiento.
El fiscal del caso, Juan Narváez, explicó a Rivadavia Neuquén que la decisión de pausar el desalojo responde a la necesidad de evaluar cuidadosamente los riesgos. El terreno en cuestión es extenso y presenta zonas anegadas con agua y barro, lo que complica cualquier desplazamiento táctico y podría poner en peligro la integridad física de quienes se encuentran allí.
Narváez enfatizó que la fiscalía prioriza restablecer el derecho a la propiedad privada sin recurrir a la violencia ni criminalizar de inmediato la problemática social subyacente. Sin embargo, la presencia de niños y adolescentes en el asentamiento exige extremar los cuidados. “Entendemos la dificultad y el déficit habitacional que atraviesa la sociedad, por lo que nuestro objetivo principal no es criminalizar estas conductas de entrada, sino buscar una resolución pacífica del conflicto o el retiro voluntario”, afirmó el fiscal. Por esta razón, se ha solicitado la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescentes para salvaguardar el bienestar de los menores.
Actualmente, las autoridades policiales están elaborando un informe técnico detallado. Este documento será clave para determinar si existen las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar el desalojo o si, por el contrario, será indispensable abrir instancias de mediación institucional con organismos gubernamentales, buscando una salida consensuada al conflicto.
Paralelamente a la situación en el predio, la fiscalía ha iniciado una investigación penal de oficio. El objetivo es discernir si, más allá del reclamo genuino de quienes carecen de vivienda, existe una organización detrás de la toma con fines de lucro o especulación inmobiliaria. Mediante el uso de drones, el cruce de datos de vehículos que ingresaron materiales de construcción y peritajes de comunicaciones en redes sociales y grupos de mensajería instantánea, la Justicia busca identificar a los posibles instigadores.
El fiscal Narváez advirtió sobre estas irregularidades: “Fuimos al lugar y encontramos personas que están alquilando y decidieron sumarse tras ser convocadas para presionar por una vivienda, pero también detectamos testimonios sobre individuos que buscan usurpar para luego comercializar lotes de manera ilegal”. Estas acciones, explicó Narváez, podrían configurar delitos de usurpación e instigación pública a cometer delitos, figuras que conllevan importantes sanciones penales para los organizadores.
Mientras se agotan los plazos procesales, la consigna policial se mantiene en el perímetro del terreno. La espera del reporte definitivo marcará los próximos pasos legales y operativos en esta compleja situación en Neuquén.