Un predio de casi ocho hectáreas en el oeste de Neuquén se convirtió en el epicentro de un conflicto por la toma de tierras, que ya lleva una semana y mantiene en vilo la construcción de un complejo habitacional de 250 unidades. El Ministerio Público Fiscal (MPF) ha solicitado a la Policía provincial que impida el ingreso de nuevas personas y elementos al lugar, mientras la tensión crece en la zona.
La disputa se desató el martes pasado cuando un grupo de más de un centenar de personas, entre adultos y niños según estimaciones oficiales, se instaló en el terreno. La denuncia inicial fue presentada por el propietario del predio, cuyo nombre no ha trascendido públicamente. A raíz de esta presentación, el fiscal Juan Manuel Narváez intervino en el caso, ordenando inicialmente un desalojo en un plazo de 48 horas, una medida que, sin embargo, quedó en suspenso.
Durante el fin de semana, se realizaron intentos para persuadir a los ocupantes de que abandonaran el sitio de forma voluntaria, gestiones que no prosperaron. Este lunes, la situación escaló con nuevas instrucciones de la fiscalía, notificadas por efectivos policiales presentes en el lugar: «El que sale no puede volver a entrar», se les advirtió a quienes permanecen en el lote.
El conflicto tomó otra dimensión el viernes pasado con la presentación judicial del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). Este organismo informó que el predio en cuestión está vinculado patrimonialmente a ellos y que está destinado a un proyecto habitacional que contempla la construcción de 240 viviendas y 10 dúplex. La adjudicación de estas unidades se realizaría a través del Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi).
Según fuentes oficiales, la ocupación se produjo «unos días antes» de que comenzaran los trabajos preliminares en el sector, que incluían el movimiento de suelos y la instalación de un cerco perimetral para el futuro complejo. El IPVU, en su escrito, acusó una «ocupación ilegítima» y mencionó una supuesta convocatoria en redes sociales bajo la consigna «todos por un terreno», que invitaba a la gente a acudir al lugar con agua, comida y otros recursos para asegurar su permanencia.
Desde el Ejecutivo provincial, se subrayó que ninguno de los ocupantes se encuentra inscripto en el Ruprovi, un requisito considerado excluyente para acceder a una solución habitacional oficial. «Si no están ahí, no hay respuesta posible», afirmaron, aunque aseguraron que el Gobierno mantendrá las vías de diálogo abiertas, sin dejar de reconocer que la toma constituye un delito.
Además, se indicó que una gran parte de los ocupantes no cumpliría con los requisitos para inscribirse en el registro, como la exigencia de tener más de cinco años de residencia en la provincia. Sin embargo, los ocupantes rechazaron las afirmaciones sobre su origen, desmintiendo ser ciudadanos extranjeros, y enfatizaron: «Somos vecinos del barrio, hace años estamos en Neuquén».
El grupo que ocupa el predio está compuesto por familias, parejas y personas solas, algunas de las cuales manifestaron haber llegado con sus pertenencias debido a la imposibilidad de afrontar el pago de un alquiler. Cuestionaron la presencia policial y denunciaron la interrupción de la provisión de alimentos, leña y otros elementos esenciales para su permanencia.