En un contexto de creciente debate sobre la morosidad familiar, el gobierno de Córdoba ha presentado «Alivio cordobés», un programa destinado a auxiliar a las familias endeudadas. Esta iniciativa marca una clara diferenciación con la postura de la Casa Rosada, que sostiene que la problemática de las deudas es un conflicto entre privados donde el Estado no debe intervenir.
El gobernador Martín Llaryora fue el encargado de anunciar este proyecto de ley, describiéndolo como una respuesta «a una realidad que golpea la mesa de muchos hogares: la angustia de la deuda familiar». A través de su cuenta en X, el mandatario provincial enfatizó que no se trata de «números fríos, sino de la cuota de la tarjeta que nunca baja, del crédito que se sacó para arreglar la moto que te lleva al trabajo, del préstamo para que un hijo siga estudiando. Es decir, situaciones cotidianas de la vida de los argentinos».
Llaryora también dirigió su crítica hacia el sistema financiero por el impacto de estas deudas y solicitó a todos los bloques legislativos que debatan la propuesta. El programa «Alivio cordobés» persigue tres objetivos concretos: reducir las tasas de interés, unificar y organizar los pasivos, y aliviar la carga económica en los hogares.
La visión del gobernador cordobés se distancia abiertamente de la postura del presidente Javier Milei, quien ha ratificado en varias ocasiones que su gobierno no implementará un plan de rescate para los morosos. Llaryora, por su parte, defendió la iniciativa provincial argumentando que «aliviar la deuda familiar no es un gasto, es la mejor inversión para ayudar a activar el consumo y con este conservar el empleo de miles de cordobeses».
Mientras tanto, en el ámbito nacional, la oposición en el Congreso ha impulsado múltiples proyectos para atender la situación. Estas propuestas incluyen sistemas de facilidades de pago, condonaciones de deuda y tasas subsidiadas, entre otras opciones. De hecho, este miércoles está previsto que la Cámara de Diputados intente incorporar al debate las más de 30 iniciativas presentadas en relación con las familias endeudadas.
La magnitud del problema se refleja en los datos recientes del Banco Central, que la semana pasada informó un nivel de mora en el pago de deudas familiares del 12,8%. Esta cifra representa un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto a abril y un 8,3% más que en mayo del año anterior. La situación se extiende además a las deudas contraídas con billeteras virtuales y otras entidades financieras.
Frente a este escenario, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reafirmó el martes la postura oficial de no activar un plan de rescate. Ravier argumentó desde Casa Rosada que «el problema acá, en gran parte, es de los bancos y de las entidades financieras no bancarias que han otorgado créditos con tasas de interés elevadas, para cubrirse quizás de los riesgos que estaban asumiendo, y esto ha dejado comprometidas estas entidades financieras». El funcionario nacional concluyó que utilizar dinero de los impuestos para salvar esa situación equivaldría a rescatar a los bancos.
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