El Tribunal de Impugnación (T.I.) ratificó de forma unánime la prisión domiciliaria otorgada a E.G.Q., uno de los tres imputados en la causa por narcotráfico que desveló el secuestro más grande de marihuana registrado en Chos Malal. La decisión representa un revés para el Ministerio Público Fiscal (MPF), que buscaba dejar sin efecto la medida cautelar que el acusado cumple en su domicilio.
Los jueces Mauricio Macagno, Richard Trincheri y Patricia Lupica Cristo declararon inadmisible el recurso presentado por los fiscales Natalia Rivera y Víctor Salgado. Con este pronunciamiento, el T.I. confirmó la modalidad de detención que E.G.Q. ya venía cumpliendo.
La disputa por las condiciones de la prisión preventiva se inició el 14 de agosto, cuando el juez de garantías Maximiliano Bagnat prorrogó por un mes la investigación y la medida cautelar contra E.G.Q., fijando el plazo hasta el 19 de septiembre.
Cuatro días después, el 18 de agosto, un tribunal revisor compuesto por los jueces Juan Balderrama, Leticia Lorenzo y Carolina González acogió una solicitud de la defensa y modificó las condiciones de detención. Otorgaron la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico dual, manteniendo el plazo original.
Sin embargo, la implementación de esta medida encontró un obstáculo el mismo día por la tarde. La Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) informó que no era posible aplicar técnicamente el sistema de control dual. Ante esta situación, el juez Balderrama delegó provisoriamente el control de la medida en el Ministerio Público Fiscal.
La fiscalía, buscando revertir la domiciliaria, acudió a la jueza de garantías Laura Barbé. El 19 de agosto, la magistrada desestimó la petición, argumentando que no tenía facultades para modificar una resolución de un tribunal de alzada superior. En su lugar, dispuso que el control de la medida se realizara mediante rondines policiales sorpresivos. Tras una nueva impugnación del MPF, el Tribunal de Impugnación zanjó la cuestión de forma definitiva hoy, ratificando la validez del beneficio.
El expediente judicial investiga un multimillonario entramado de venta de drogas que involucra a tres personas. E.G.Q. y su pareja, S.V.B., están imputados como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por cometerse en las inmediaciones de establecimientos educativos o lugares de concurrencia de menores.
El tercer implicado es M.A.C., judicializado por facilitación de elementos para la comercialización. Se le acusa de haber puesto a disposición una camioneta que, según la investigación, fue utilizada para el traslado y la logística de la sustancia entre julio de 2025 y abril de 2026.
El operativo central tuvo lugar el 17 de abril en una vivienda del barrio Centenario de Chos Malal. Allí, el equipo fiscal –integrado por el fiscal jefe Fernando Fuentes y los fiscales Rivera y Salgado– incautó 34 kilos de Cannabis Sativa. Este cargamento fue valuado en aproximadamente 680 millones de pesos, equivalentes a unas 68 mil dosis para el mercado ilegal.
Durante el allanamiento, se encontraron la droga fraccionada en cogollos y picadura, además de un invernadero en el patio trasero. Los efectivos también secuestraron una balanza de precisión, bolsas Ziploc, recortes de nylon, una máquina contadora de billetes, dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos.
Adicionalmente, en la camioneta vinculada a M.A.C., se hallaron otros dos frascos de vidrio con 263 gramos de cogollos. Mientras la investigación sigue su curso sobre los tres acusados, E.G.Q. esperará las próximas etapas procesales bajo el régimen de custodia domiciliaria.