El juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de una pericia contable para determinar con precisión el alcance de un presunto perjuicio económico a las arcas del Estado. Esta medida se enmarca en el denominado “caso Seguros”, una investigación que involucra al expresidente Alberto Fernández por supuestos hechos de corrupción.
La investigación se centra en 45 contratos de seguros firmados por organismos estatales con Nación Seguros, donde habrían intervenido 25 brokers privados. El principal beneficiado de esta operatoria, según la pesquisa, fue Héctor Martínez Sosa, un amigo cercano del exmandatario y pareja de su secretaria privada, María Cantero.
En esta causa, Alberto Fernández está acusado de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Uno de los hechos que se le atribuyen es la firma del decreto 823/21, que establecía la obligatoriedad para todos los ministerios y organismos nacionales de contratar sus pólizas con Nación Seguros. Tras esta decisión, el broker Martínez Sosa y sus empresas habrían cobrado el 60% de las comisiones de los contratos involucrados.
La causa había estado cerca de ser elevada a juicio oral. Sin embargo, luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara los procesamientos, la defensa de Fernández, a cargo de Mariana Barbitta, presentó un recurso ante la Casación Federal. La abogada argumentó la necesidad de realizar diversas medidas de prueba que no se habían efectuado y que, a su criterio, podrían modificar la situación procesal del expresidente.
La Casación Federal no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si Fernández cometió o no delitos. En cambio, ordenó a la Cámara de Apelaciones que revisara su decisión y evaluara la pertinencia de incorporar nuevas pruebas. En respuesta a esta instrucción, los camaristas Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah dictaron la falta de mérito para el exmandatario, y el expediente regresó a la etapa de instrucción.
La investigación, que comenzó en el Juzgado Federal 11 bajo la órbita del juez Julián Ercolini, continuó con Sebastián Casanello, quien procesó a Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, María Cantero y otros empresarios. Ahora, con el juzgado vacante y subrogado rotativamente, el expediente está en manos de Ariel Lijo.
Recientemente, el juez Lijo firmó un oficio, al que accedió Clarín, en el que detalla las medidas de prueba sugeridas por la Cámara Federal en aquel fallo que dispuso la falta de mérito. Un punto central ordenado fue la realización de una pericia técnica.
Lijo recordó que, si bien los jueces de la Cámara de Apelaciones “avalan la hipótesis del magistrado en punto a que las erogaciones que se realizaron en favor de los intermediarios significaron un perjuicio patrimonial para Nación Seguros”, también consideraron esencial la práctica de un “peritaje de la especialidad que incluya todas las variables propias de estos hechos, a fin de profundizar técnicamente este aspecto, y de forma previa a la eventual instancia de debate público”.
En este sentido, el juez Lijo subrayó que “se debe profundizar el estudio contable acerca del daño producido a las arcas públicas; pues lo provisorio del auto de mérito no significa o sugiere atravesar la instrucción sin contar con el detalle – lo más certero posible – de la lesión económica que el delito en cuestión exige”.
La pericia, que se realizará junto con la labor encomendada a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), estará a cargo del Cuerpo de Peritos especializados en Corrupción de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los abogados de los acusados ya han designado peritos de parte y propuesto más de cien puntos a analizar.
Esta batería de nuevas medidas, en particular la pericia contable, permite a la defensa de Alberto Fernández ganar tiempo en el proceso, alejando la posibilidad de un juicio oral inminente. Además de la pericia, el juez Lijo también tomó declaraciones testimoniales solicitadas por la defensa del expresidente, entre ellas las de Vilma Ibarra (ex secretaria Legal y Técnica), Miguel Pesce (ex titular del Banco Central) y el exministro de Economía Martín Guzmán.
Una vez que todas estas medidas concluyan, el juez Lijo deberá determinar si corresponde volver a procesar a Alberto Fernández.
La supuesta maniobra delictiva se habría iniciado con el Decreto 823/2021, que obligó a todas las entidades del Estado nacional a contratar sus pólizas de seguro de forma exclusiva a través de Nación Seguros. A pesar de tratarse de contrataciones de Estado a Estado, la investigación sugiere que Nación Seguros habilitó la intervención injustificada y direccionada de 25 intermediarios o brokers privados, beneficiando mayormente a Héctor Martínez Sosa. Se presume que parte de las millonarias comisiones cobradas por estos brokers eran luego derivadas mediante maniobras financieras e instrumentos alternativos, incluyendo el uso de cooperativas que funcionaron como financieras informales para mover el dinero.
Las cifras involucradas en el caso son significativas: las comisiones pagadas por el Estado a los intermediarios privados por las pólizas públicas ascendieron a 3.364.522.944 pesos. En función del posible daño causado, la Justicia había dictado embargos por un monto de 14.600 millones de pesos sobre los bienes de Alberto Fernández al momento de su procesamiento inicial.
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