Justicia Neuquina: Acuerdo clave democratiza el acceso y lleva formación a toda la provincia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura de Neuquén han sellado un convenio de colaboración académica recíproca. Este acuerdo busca fortalecer la formación, investigación y perfeccionamiento de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios y quienes aspiran a ocupar cargos judiciales en la provincia.

La iniciativa contempla la creación de una Unidad de Coordinación Académica. Esta nueva estructura será la encargada de proponer, planificar y supervisar todas las actividades que surjan de esta alianza, garantizando un desarrollo conjunto y efectivo de los programas.

La firma del convenio contó con la presencia de figuras clave del ámbito judicial. Por parte del TSJ, suscribió el presidente Gustavo Mazieres, mientras que por el Consejo de la Magistratura lo hicieron su presidente, Evaldo Moya, y la consejera Belén de los Santos (Partido Justicialista), responsable del área de Capacitación. También participó el vocal Germán Busamia, en su rol como integrante del Comité Ejecutivo de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial.

Belén de los Santos destacó la importancia de este paso. “Estamos trabajando en la puesta en marcha de la Escuela de la Magistratura, cuyo objetivo es permitir la formación de todo aspirante a un cargo judicial que requiera su elección a través del Consejo, para igualar y democratizar el acceso a la Justicia”, explicó la consejera.

Un punto central de la consejera de los Santos fue la necesidad de descentralizar la capacitación. Subrayó el interés en “llegar a los aspirantes del interior de la provincia, ya que actualmente no se dictan muchas actividades fuera de la capital neuquina”, buscando así ampliar las oportunidades a toda la geografía provincial.

Las actividades derivadas de este acuerdo se financiarán con los recursos ya existentes de cada organismo, sin generar compromisos presupuestarios adicionales. El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación automática.

Este marco de cooperación se da en un momento en que la Legislatura Provincial debate una reforma a la ley 2533, que regula el funcionamiento del Consejo. Dicha modificación busca otorgar puntaje por años de residencia en la provincia, lo que podría impactar en el acceso a los cargos judiciales.