Human Rights Watch (HRW) ha lanzado un enérgico llamado al Gobierno de Estados Unidos, exigiendo una rendición de cuentas inmediata por la muerte de al menos 227 personas. Estos fallecimientos ocurrieron durante ataques a presuntas lanchas de contrabando de drogas en el mar Caribe y el Océano Pacífico a lo largo del último año, incidentes que la organización describe como «ejecuciones extrajudiciales».
La directora de Crisis, Conflictos y Armas de HRW, Ida Sawyer, fue contundente en sus declaraciones. «El gobierno de (Donald) Trump ha matado en condiciones de ejecución sumaria a más de 200 personas en el transcurso del último año, se ha jactado públicamente de estas muertes y no ha enfrentado ninguna rendición de cuentas», afirmó Sawyer, subrayando la gravedad de la situación.
La ONG internacional recuerda que quitar la vida a personas en el mar sin un juicio previo, más allá de su presunta implicación en actividades delictivas, constituye una clara violación del derecho internacional. En este contexto, HRW ha sugerido al Congreso estadounidense la creación de un «comité especial de investigación» para indagar sobre estos ataques letales, con el objetivo de esclarecer quiénes autorizaron y ejecutaron dichas operaciones.
Además, Human Rights Watch insta al Departamento de Justicia a investigar a fondo estas muertes y a iniciar las persecuciones penales que correspondan. La organización enfatiza que, si las autoridades actuales no asumen esta responsabilidad, la investigación debe convertirse en una prioridad para futuras administraciones.
El reclamo de HRW se extiende también a los gobiernos que cooperan con Estados Unidos en las labores de interceptación de drogas en la región. Se les pide condenar los fallecimientos, suspender el intercambio de inteligencia que podría facilitar estos ataques y expresar directamente a los funcionarios estadounidenses su consternación por las presuntas violaciones del derecho internacional.
Finalmente, la nota de HRW destaca que Washington se ha negado a hacer público el memorando legal de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. Este documento, se presume, justifica las muertes argumentando que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado con bandas de narcotráfico latinoamericanas. La falta de transparencia se extiende también a otros detalles cruciales sobre los ataques.
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