El fiscal general de California, Rob Bonta, ha intensificado la disputa en torno a la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros., un acuerdo valorado en unos 110.000 millones de dólares. Bonta acusó a Paramount de “chantaje” tras conocerse supuestas intenciones de la compañía de trasladar su sede fuera del estado, como respuesta a una demanda interpuesta en julio para frenar la millonaria adquisición.
El 11 de agosto, el fiscal general expresó su firme postura en su cuenta de X: “En cuestión de semanas, Paramount aceptó suspender la fusión hasta que un tribunal dictara sentencia o hasta junio de 2027, solicitó un juicio en noviembre y ahora vuelve a la carga con otro intento de chantajear al estado para que permita un acuerdo ilegal”. Bonta añadió que “Paramount ha perdido el rumbo y sigue perdiendo en los tribunales; no funcionó la primera vez, en vísperas de nuestra demanda de julio, y tampoco funcionará esta vez”.
Bonta argumenta que esta “fusión ilegal” acarrearía costos más altos, menos opciones para los consumidores y una reducción en la creación de contenido cinematográfico. Por ello, su oficina se ha comprometido a salvaguardar una economía vibrante en California, especialmente para las empresas que cumplen con las normas establecidas.
La demanda antimonopolio, iniciada en julio por California y otros once estados, busca impedir la unión de estas dos gigantes de Hollywood. Según la agencia AFP, la operación está financiada con recursos petroleros de Oriente Medio. Bonta, citado por CNN, aseguró que la acción legal es fundamental porque la fusión “sofocaría la competencia, elevaría los precios, disminuiría la calidad del contenido y produciría menos películas y programas cada año”.
Paramount, por su parte, ha respondido con contundencia, prometiendo combatir la demanda que considera “equivocada tanto en los hechos como en el derecho”. La compañía sostiene que los estados han tergiversado la competencia real dentro de la industria del entretenimiento.
A fines de julio, el medio especializado Variety reportó que David Ellison, director ejecutivo de Paramount, había comunicado a otros altos ejecutivos la posibilidad de trasladar la sede de la empresa, actualmente en Los Ángeles, a otro estado como Texas o Georgia. Esta decisión estaría condicionada a la falta de un acuerdo con el fiscal general Bonta a partir del 1 de octubre.
La fecha del 1 de octubre es clave en esta negociación, ya que a partir de ese día comenzará a acumularse una tasa de siete millones de dólares diarios para los accionistas de Warner Bros. si la fusión no se ha concretado. Las declaraciones de Bonta en redes sociales y la filtración de Variety, cuya información no pudo ser confirmada por AFP, se producen poco después de que el Reino Unido diera su visto bueno a la fusión. Esta aprobación internacional elimina un obstáculo significativo, sumándose al consentimiento previo de Estados Unidos y la Unión Europea.
De materializarse la fusión, la nueva entidad no solo controlaría Warner Bros., sino también la cadena de noticias CNN y la plataforma de streaming HBO Max, además de los activos ya existentes de Paramount, incluyendo CBS News.
La disputa también ha generado divisiones entre los sindicatos del sector. Mientras el gremio de directores envió una carta a Bonta alertando sobre el perjuicio que una larga batalla judicial podría causar a la actividad cinematográfica, los guionistas han respaldado la demanda e incluso han presentado una propia. El sindicato de actores mantiene una posición intermedia, aceptando la fusión únicamente si se ofrecen garantías legales claras.
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