La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) valoró este jueves la decisión de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, que anuló las restricciones impuestas a periodistas que investigaban al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino. La entidad calificó la resolución como un «antecedente valioso» frente al riesgo de judicializar el trabajo de investigación periodística.
La medida revocada, conocida en los medios como un «bozal legal», había sido dictada por un juzgado de Garantías de Pilar. Esta orden impedía a los periodistas Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa, junto al empresario Leandro Camani y los legisladores Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, la «captación, reproducción o exposición de datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar» de Tapia y Toviggino.
En su comunicado, ADEPA subrayó que «medidas de esta naturaleza pueden producir un perjuicio actual y concreto sobre el ejercicio del periodismo». Según la asociación, estas restricciones afectan directamente la capacidad de investigar, comunicar y cubrir temas de interés público. La entidad enfatizó la necesidad de que los tribunales analicen con extrema cautela cualquier restricción que pueda incidir en la labor periodística.
ADEPA, que participó como amicus curiae en la causa, argumentó que la protección de la intimidad y la seguridad personal debe coexistir con el derecho ciudadano a acceder a información sobre individuos, instituciones y hechos de relevancia pública. La decisión de la Cámara, por tanto, representa un respaldo contra la judicialización de las investigaciones periodísticas a través de denuncias o medidas preventivas, las cuales contravienen la prohibición de censura previa y limitan el debate sobre asuntos de interés general.
El «bozal legal» original fue dictado meses atrás por el juez de Garantías de Pilar, Walter Saettone, a raíz de una presentación de Claudio Tapia. Este dictamen no solo vetaba el contacto de los periodistas con Tapia, Toviggino y sus familias por cualquier medio, sino que también les prohibía acercarse a ellos o a sus lugares de actividad habitual en un radio de 500 metros. Además, los instaba a abstenerse de «realizar conductas que impliquen la captación, reproducción o exposición de datos personales, imágenes o información del ámbito privado o familiar del denunciante». La resolución aclaraba que no alcanzaba a «manifestaciones o referencias vinculadas a su actuación pública o a asuntos de interés general», siempre y cuando no implicaran contacto directo o indirecto ni la difusión de datos personales.
La postura de ADEPA fue clara: cualquier medida que condicione la posibilidad de investigar, comunicar o cubrir asuntos de interés público genera un daño directo y significativo al ejercicio del periodismo.
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