Una prolongada denuncia por presuntas estafas millonarias en la cooperativa «127 Hectáreas» de Neuquén ha llevado a la formulación de cargos contra tres de sus dirigentes. El caso, que se extiende por casi dos décadas, expone cómo miles de familias permanecen sin la casa propia que les fue prometida, revelando un complejo entramado de manejos irregulares.
Ema Ibáñez Castillo, socia fundadora de la cooperativa y una de las miles de personas damnificadas, relató en diálogo con Rivadavia Neuquén los pormenores de un esquema de promesas incumplidas y una supuesta falta de control sobre el dinero. Desde los pasillos de la fiscalía, donde se desarrolló una audiencia clave, Ibáñez Castillo señaló a la directiva por jugar con la ilusión de la vivienda.
Los datos del caso indican que la organización llegó a inscribir a unas 7.000 personas a lo largo de su historia, de las cuales miles continúan en espera. De los proyectos originales, que apuntaban a soluciones habitacionales masivas, se estima que solo se concretaron cerca de 560 casas. Ibáñez Castillo recordó que se unió al proyecto en 2006, tras una convocatoria en el sector de Don Bosco II. Aunque ocupó el cargo de protesorera, renunció a finales de 2007 al observar conductas que consideró inapropiadas por parte del entonces presidente, Jorge Salas.
“Llegaba todos los días a la tardecita a retirar el dinero y que nadie sabía a dónde iba ese dinero”, detalló la damnificada sobre la administración de los fondos. En ese mismo periodo, notó un cambio abrupto e injustificado en el nivel de vida del dirigente. “Empezó a arreglar su casa, cambió el auto, cambió la ropa, cambió un montón de cosas”, enumeró Ibáñez Castillo.
Años después de su renuncia, el sistema estatal la llevó a retomar el vínculo con la entidad. Según su relato, el organismo provincial Ruprovi exigía la inscripción en la cooperativa para acceder a una oportunidad inmobiliaria. Al reintegrarse, y nuevamente en contacto con la radio neuquina, Ibáñez Castillo fue objeto de un sinfín de excusas. “En el año 2020 me iba a dar vivienda, luego no, en el año 2022 y bueno, estamos en el 2026 y aún hay gente que comenzó conmigo en el 2006 y tampoco tiene vivienda”, lamentó.
El hartazgo culminó en una denuncia formal que logró agrupar a cerca de 350 personas. La fiscalía interviniente procedió a formular cargos por irregularidades contra Jorge Salas (titular), Roxana Huircamán y la ex tesorera Beatriz Lebrero. “En principio eran once […], no sabemos por qué quedaron solamente estos tres”, cuestionó Ibáñez Castillo sobre el número de acusados. La demora y la tensión generaron tal enojo entre los ahorristas que los imputados debieron ingresar a la sede judicial bajo custodia policial para prevenir altercados.
A pesar de que el número de posibles víctimas ascendería a casi 6.000 personas, la cifra de denunciantes sigue siendo proporcionalmente baja. La referente de los damnificados atribuyó esta situación a un factor psicológico y de necesidad. “Tienen miedo de perder la posibilidad de tener vivienda porque de verdad, yo creo que hay mucha gente que no se animó a hacerlo por eso”, sentenció con preocupación.
En el tramo final de sus declaraciones, también se cuestionó la asignación de las pocas unidades construidas. Se denunció que, si bien se trata de tierras fiscales cedidas por la provincia para viviendas sociales, algunos inmuebles habrían sido entregados a profesionales del ámbito privado que no cumplirían con los requisitos de vulnerabilidad exigidos por organismos como el IPVU. Ante este panorama, los damnificados urgen al Estado a implementar auditorías constantes sobre las organizaciones sociales para evitar que el sueño de la casa propia se convierta en una estafa recurrente.