Vecinos del barrio Unión, en el límite de Neuquén y Centenario, alzan su voz por la paralización de la regularización territorial que afecta a más de 200 familias. Denuncian demoras administrativas crónicas y un complejo vacío jurisdiccional que impide el avance de obras de infraestructura básica, como agua, luz y gas, prometidas hace meses por las autoridades.
Cristian Albarenga, referente del barrio, relató a Rivadavia Neuquén la frustrante situación. Según explicó, la comunidad decidió organizarse el 7 de junio, tras múltiples encuentros sin resultados con Martín Villán, director del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). A pesar de presentar notas formales en el Ministerio de Gobierno, la Casa de Gobierno y el Ministerio de Infraestructura, las respuestas oficiales se limitaron a promesas vagas: “Estamos viendo, estamos haciendo, vamos a hacer, estamos contratando, vamos a contratar, y nunca hicieron nada”, afirmó Albarenga.
Una de las principales promesas rotas se produjo el 16 de julio, cuando en una reunión en la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) –con la participación de la subsecretaria de Gobierno, Ana Servidio, y el funcionario del IPVU, Juan Grandi– se comprometieron a realizar un vuelo con dron en un plazo de 15 a 20 días hábiles. El objetivo era trazar el plano de prefiguración del barrio, un paso indispensable para delimitar calles y veredas, lo que, a su vez, habilitaría la futura conexión a los servicios esenciales.
Sin embargo, el proceso no se completó. Aunque personal del IPVU visitó el barrio en cuatro ocasiones durante el último mes y medio, los relevamientos se hicieron de forma desorganizada y sin aviso previo a los vecinos. Cuando los residentes consultaron en las oficinas del organismo, la única explicación que recibieron fue que el sistema informático estaba “caído”, impidiendo el avance de los trámites. Esta situación contrasta con el compromiso público del gobernador Rolando Figueroa, quien aseguró que se destinarían los fondos necesarios para llevar agua y luz al sector. “Si el gobernador Rolando Figueroa te dijo que está la plata, se comprometió públicamente que hay plata… ¿cuál es el problema? Contratá lo que tenés que contratar, comprá lo que te falte comprar, computadoras modernas”, cuestionó Albarenga.
El barrio Unión ha visto crecer su población de forma exponencial. Hace siete años, apenas 60 familias vivían en la zona; hoy, ese número supera las 220. Albarenga, quien llegó de Formosa hace 17 años y estuvo inscripto en el Registro Único Provincial de Vivienda y Urbanismo (Ruprovi) por más de una década, adquirió su terreno sin saber que se trataba de un asentamiento irregular. “Yo estoy recontra remil podrido de pagar alquiler, tengo que buscar una forma”, compartió, explicando las razones que lo llevaron a instalarse allí.
El referente se mostró contrario a las tomas de tierras, pero criticó duramente las políticas habitacionales de la provincia. Señaló que la existencia del IPVU por 45 años y las cerca de 30 tomas activas en la ciudad reflejan una falla estatal. También mencionó la “doble vara” al comparar la situación del barrio con “tomas vip” en zonas como Rincón Club de Campo y Santa Genoveva. En lugar de las ocupaciones, propuso que el Estado implemente loteos sociales con servicios básicos garantizados.
A las dificultades se suma un enrevesado conflicto jurisdiccional. Aunque el barrio se encuentra físicamente dentro del ejido de Centenario, la titularidad de las tierras pertenece a la provincia de Neuquén y su administración fue delegada al IPVU por un decreto de la actual gestión. Esta superposición crea un vacío en la prestación de servicios: la Municipalidad de Centenario solo provee agua a través de un camión cisterna, distribuyendo el recurso de forma alternada a las mitades del barrio, tres días a la semana cada una.
Para el resto de su vida diaria, los vecinos dependen de la capital provincial: utilizan las líneas de colectivo 24 y 26, el servicio de recolección de residuos, acceden a la garrafa social y asisten a escuelas, clínicas y la universidad en Neuquén. Sus documentos de identidad registran domicilio en Neuquén y realizan trámites de salud de PAMI en la capital, lo que profundiza la paradoja administrativa que los mantiene sin soluciones definitivas.