El expresidente Donald Trump ha lanzado una audaz promesa de campaña de cara a las elecciones legislativas de noviembre: ofrecer 5.000 dólares a cada «adulto estadounidense» si el Partido Republicano logra mantener el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Esta declaración ha generado de inmediato interrogantes fundamentales sobre su viabilidad legal, el inmenso costo que implicaría y las posibles fuentes de financiación para tal iniciativa.
En cuanto a su legalidad, la legislación federal prohíbe explícitamente la oferta de pagos directos a cambio de votos, así como la promesa de beneficios con fondos federales a cambio de apoyo político. No obstante, la propuesta de Trump podría eludir estas restricciones, ya que se presenta como una promesa de campaña de alcance general, dirigida a todos los adultos del país, sin importar su afiliación o preferencia electoral.
Aun así, cualquier desembolso de esta magnitud requeriría la aprobación del Congreso, puesto que la Constitución estadounidense impide que el presidente destine fondos del Tesoro sin una asignación presupuestaria previamente aprobada por ley. Es importante recordar que Trump ha realizado promesas similares en el pasado que nunca se materializaron, como la distribución de cheques de 2.000 dólares financiados por aranceles o de 5.000 dólares procedentes de supuestos ahorros por recortes en el gobierno federal.
El aspecto económico de la propuesta plantea cifras impactantes. Con aproximadamente 276,8 millones de adultos mayores de 18 años en Estados Unidos este año, la entrega de 5.000 dólares a cada uno se traduciría en un desembolso total de 1,384 billones de dólares. Si se limitara la ayuda a ciudadanos estadounidenses, como Trump ha señalado, la cifra se reduciría a unos 1,27 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, las tres rondas de cheques de estímulo aprobadas por el Congreso durante la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021, que tenían criterios de elegibilidad más estrictos, sumaron en conjunto cerca de 814.000 millones de dólares, según datos de supervisión federal.
Un punto de preocupación fundamental es el impacto potencial de estos pagos en la inflación. La inyección de billones de dólares en la economía casi con seguridad agravaría las presiones inflacionarias existentes, un tema que ya genera descontento entre los votantes. Los economistas suelen describir este tipo de transferencias directas como «dinero helicóptero», un concepto aplicado para combatir la deflación, situación opuesta a la actual en Estados Unidos.
Actualmente, la inflación al consumo en el país se sitúa en el 3,4%, superando el objetivo a largo plazo del 2% fijado por el banco central. En este contexto, la entrada de aproximadamente 1,27 billones de dólares adicionales en manos de los consumidores impulsaría la demanda en una economía donde los precios ya están en ascenso, en parte influenciados por el choque energético provocado por la guerra con Irán. Un estudio del Banco de la Reserva Federal de San Luis indicó que los paquetes de estímulo fiscal durante la pandemia contribuyeron con cerca de 2,6 puntos porcentuales a la inflación en Estados Unidos.
La posibilidad de financiar esta promesa a través de aranceles aduaneros se vislumbra como poco probable en el corto plazo. Aunque el gobierno recaudó una cifra récord de 195.000 millones de dólares en aranceles aduaneros en el año fiscal 2025, un desembolso de 1,4 billones de dólares equivaldría a los ingresos de aproximadamente siete años de estas políticas comerciales. A esto se suma que la Corte Suprema anuló en febrero los aranceles más emblemáticos de Trump, lo que ha obligado al Departamento del Tesoro a reembolsar a los importadores con intereses, resultando en ingresos aduaneros netos negativos entre mayo y julio.
La propuesta ha encontrado una fuerte condena por parte del Partido Demócrata. El gobernador de California, Gavin Newsom, considerado un posible aspirante a la presidencia en 2028, calificó la promesa como proveniente «del hombre más corrupto que jamás haya ocupado el Despacho Oval». Newsom acusó a Trump en la plataforma X de buscar «comprar sus votos con 5.000 dólares de dinero manchado con sangre financiado por los contribuyentes», tras haber, según él, «enfermado y empobrecido más» a los ciudadanos con su guerra.
Por su parte, el representante demócrata por Maryland, Jamie Raskin, describió la promesa como la más reciente acción de una «presidencia increíblemente imprudente y disfuncional». Raskin criticó que, «después de sumar billones de dólares a la deuda nacional, llevándola a más de 40 billones sin precedentes, Trump ahora ofrece a todo el mundo un soborno político de 5.000 dólares (‘el dividendo Trump’) si elegimos a los republicanos para dirigir el Congreso».