El programa “Mujeres Hacemos” de la Municipalidad de Neuquén recibió su primer aporte económico proveniente de multas impuestas a agresores en causas por violencia de género. Este hito marca la puesta en marcha de un convenio inédito con el Ministerio Público Fiscal, que busca transformar las sanciones penales en una herramienta directa de empoderamiento para las víctimas.
Alejandra Oehrens, titular de la Subsecretaría de las Mujeres, destacó la gravedad de la situación en la provincia, que registró casi 60 casos catalogados como “código A” (riesgo inminente de femicidio) en apenas medio año. Frente a este panorama, la subsecretaría, que funciona hace ocho años bajo la gestión del intendente Mariano Gaido, intensificó su trabajo territorial y la asistencia económica.
Oehrens enfatizó la necesidad de superar el trabajo de escritorio para que las políticas públicas sean verdaderamente efectivas. “Si no, los funcionarios es bastante fácil sentarte atrás del escritorio y que te lo cuenten de oído, pero nunca sabés realmente a dónde hay que apuntar la ayuda, el proyecto político, el trabajo, cómo implementar esa política pública para que realmente sea efectiva”, señaló la funcionaria.
El programa “Mujeres Hacemos” es un eje central en esta estrategia. Impulsado como prueba piloto hace cuatro años y aprobado por el Concejo Deliberante el año pasado, busca resolver la urgencia financiera de mujeres que, tras sufrir violencia, quedan sin sustento económico y deben afrontar gastos básicos o el cuidado de sus hijos. Muchas veces, estas mujeres son excluidas de sus hogares o no tienen cómo costear una niñera para salir a trabajar.
A través de “Mujeres Hacemos”, las participantes aprenden un oficio, y al egresar, la Municipalidad les provee las herramientas e insumos necesarios para iniciar sus propios emprendimientos. Actualmente, 150 mujeres de Neuquén se mantienen con sus microemprendimientos desde sus casas, un camino hacia la autonomía que la subsecretaria considera fundamental. “Quedan sin el sustento económico, que es la base de cómo poder salir adelante, cómo desarrollarse y tener a cargo encima niños y niñas. No solamente que quedan en situación de calle por una decisión de un juez hasta que el juez decide sacar al varón violento de la casa, sino que no tienen para comer”, explicó Oehrens.
El financiamiento del programa se logró gracias al convenio con el Ministerio Público Fiscal y sus tres fiscalías de género. El acuerdo establece que una parte de las sanciones monetarias impuestas a los agresores condenados penalmente se destinará a la Subsecretaría de las Mujeres para este proyecto.
La realidad de las víctimas es alarmante. Según estadísticas del organismo, el cien por ciento de las mujeres con causas judicializadas no está en condiciones de insertarse de inmediato en el mercado laboral formal. “Del cien por ciento de las mujeres que nosotras tenemos las causas judicializadas, ninguna de ellas está capacitada ni mentalmente ni físicamente ni en materia de seguridad para ir a trabajar”, sostuvo Oehrens. Las secuelas, que incluyen abusos físicos y sexuales, afectan también a sus hijos en el 90% de los casos, y son perpetradas por agresores que actúan con total lucidez.
En paralelo a la asistencia directa, el municipio sostiene programas de concientización basados en la Ley Micaela. Las capacitaciones, diseñadas junto a la Fundación Micaela García y los padres de la joven, se imparten de manera presencial y virtual en escuelas, empresas, hospitales y fuerzas policiales.
Además, las víctimas que acuden a la Subsecretaría reciben patrocinio legal gratuito y contención a cargo de un equipo interdisciplinario. Este grupo, integrado por psicólogas, sociólogas y trabajadoras territoriales, se articula con el sistema de Salud Pública para garantizar los extensos tratamientos psiquiátricos que requieren los casos más complejos. También se gestionan medidas de resguardo extremas, desde la provisión de botones antipánico hasta la custodia policial en sus domicilios, reafirmando el compromiso con una protección integral.