La Justicia Federal de Neuquén avanzó en la investigación del legajo “Ávalos II”, centrado en el presunto encubrimiento y desvío de pruebas tras la desaparición forzada del estudiante universitario Sergio Ávalos, ocurrida el 14 de junio de 2003 en el boliche Las Palmas. En este marco, dos expolicías fueron indagados ante el juez federal Gustavo Villanueva, con la participación de la Fiscalía Federal interina a cargo de Luisina Tiscornia y las defensas de los imputados.
Los comparecientes fueron Osvaldo Almendra, quien al momento de los hechos se desempeñaba como comisario del Departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial, y Gustavo Javier Delaloye, entonces oficial principal de la misma unidad. Ambos expolicías hicieron uso de su derecho a declarar y expusieron de manera prolongada.
Esta investigación busca determinar si existió una omisión deliberada de líneas de investigación para proteger a los involucrados. Las pesquisas no solo apuntan a once exjefes y agentes policiales, sino también a la exfiscal provincial Sandra González Taboada, quien tuvo a su cargo la etapa inicial de la causa en la provincia.
De forma paralela a esta pesquisa sobre la trama de impunidad, la Justicia Federal continúa con la tramitación de “Ávalos I”, el expediente principal. Esta causa se enfoca en la autoría material y la participación directa en la desaparición del joven, analizando el accionar de un aparato de violencia organizado que operaba en el local nocturno bajo la dirección de los dueños del establecimiento.
En este proceso principal, diecinueve personas están procesadas y en camino al juicio oral, señaladas como coautoras y partícipes necesarios del hecho. Entre los imputados figuran Pedro Nardanone, propietario del boliche, el encargado general del lugar, personal de mantenimiento y miembros de las fuerzas de seguridad —tanto militares del Ejército Argentino como policías provinciales— que realizaban servicios de seguridad privada adicionales la noche en que Sergio Ávalos fue visto por última vez.
Las defensas han presentado diversos planteos, incluyendo solicitudes de insubsistencia de la acción penal y de nulidad, sobre los cuales el juez aún no ha resuelto.