El Gobierno nacional ha presentado en el proyecto de Presupuesto 2027 una serie de exenciones y reducciones impositivas para las privatizaciones de rutas nacionales. Esta medida, sin embargo, viene acompañada de una condición obligatoria para las provincias: deben adoptar exenciones similares en los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos.
La iniciativa, contenida en el artículo 67 del proyecto de ley enviado al Congreso, había sido anticipada semanas atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario había expresado previamente la intención de que las nuevas inversiones en rutas se realicen con «cero impuestos», abarcando tributos nacionales, provinciales y municipales, con el fin de generar incentivos, reducir costos y agilizar los procesos de desarrollo.
La propuesta establece que toda nueva concesión de obra pública para la construcción de rutas nacionales, firmada a partir de la sanción de la Ley de Presupuesto, así como la ampliación de las ya existentes, podrá evitar el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, conocido como «impuesto al cheque». Este impuesto podrá computarse a cuenta de otros tributos como Ganancias, IVA y las contribuciones patronales.
Además, el Estado nacional planea otorgar certificados de crédito fiscal del IVA incluido en las operaciones destinadas a la construcción y el mantenimiento vial, y permitirá amortizar aceleradamente las inversiones para pagar menos Impuesto a las Ganancias. Cabe destacar que ninguno de estos beneficios fue incluido en el cálculo del «gasto tributario» o costo fiscal de los impuestos perdonados en el Presupuesto 2027, una omisión que también se aplica a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Estas facilidades fiscales buscan estimular la participación privada en la extensa red vial del país, que asciende a 40.000 kilómetros. Tras las primeras licitaciones que abarcaron 9.000 kilómetros de rutas, el Gobierno prevé continuar con procesos adicionales por 12.000 kilómetros más. Estas vías son cruciales para conectar zonas productivas estratégicas, incluyendo el campo, Vaca Muerta y la minería.
En un contexto más amplio, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que el proyecto de Presupuesto 2027 consolida el esquema de obra pública iniciado en 2024. Este esquema se caracteriza por una reducción de la participación directa del Estado nacional, la transferencia de proyectos a provincias y municipios, y una mayor intervención del sector privado.
Según ACIJ, de una cartera de 2.339 obras, 1.683 fueron dadas de baja o están en proceso de rescisión, mientras que 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia. Solo 199 obras permanecen bajo gestión directa de la Nación. El gasto de capital asociado a infraestructura, medido en pesos constantes de 2027, ha experimentado una caída significativa, pasando de alrededor de 18,4 billones de pesos en 2023 a 5,1 billones en 2024. Las proyecciones muestran niveles históricamente bajos: 3,9 billones para 2025, 3,7 billones para 2026 y 3,8 billones previstos para 2027.
El informe concluye que, «aun con una leve recuperación respecto de 2026, el gasto proyectado para 2027 continúa cerca de 80% por debajo del nivel de 2023». Esta marcada disminución afecta principalmente a funciones esenciales como vivienda, agua y saneamiento, y transporte.