En el norte de la Patagonia, las ciudades del Alto Valle se expanden sobre el territorio que históricamente las sustentó. Un crecimiento urbano que transforma chacras, sistemas de riego y áreas rurales en nuevos espacios residenciales e industriales, planteando un desafío crucial para la planificación regional.
Cada año, al regresar el agua a los canales del Alto Valle, se recuerda una realidad a menudo olvidada: Río Negro es más que un entramado urbano. La apertura de las compuertas del Dique Ballester, el pasado 18 de agosto, marcó el inicio de una nueva temporada de riego. El agua volvió a fluir por los 130 kilómetros del Canal Principal, sistema que hoy abastece unas 50.000 hectáreas en la región.
Esta red de canales, chacras, cortinas de álamos y caminos rurales no son elementos aislados, sino la estructura territorial que organizó la ocupación del Alto Valle durante más de un siglo. Sin embargo, esta base productiva se ve cada vez más presionada por un crecimiento urbano que avanza sin una dirección clara.
El problema no radica solamente en que las ciudades crezcan, sino en la falta de una estrategia definida sobre dónde, cómo y en qué tipo de suelo debe producirse esa expansión. La línea entre lo urbano y lo productivo se desdibuja, creando zonas híbridas donde conviven una chacra con un loteo residencial, una ruta se vuelve corredor comercial y logístico, y un sector rural queda atrapado entre nuevas urbanizaciones y emprendimientos industriales. El resultado son conflictos de uso, infraestructuras desbordadas y decisiones fragmentadas.
Este fenómeno es palpable en diversos puntos de la región. En General Roca, el corredor Viterbori es un ejemplo elocuente. Lo que antes era predominantemente una zona de chacras, hoy es un consolidado sector residencial. Datos municipales revelan que, entre 2010 y 2022, la superficie urbanizada allí pasó de 141 a 256 hectáreas, un aumento del 81,56%. Actualmente, concentra 25 barrios, 1.963 parcelas y 1.073 viviendas.
Pero la presión sobre el territorio productivo no se limita a la expansión residencial. Nuevas demandas vinculadas a la actividad industrial, logística y energética también inciden. En Cipolletti, la expansión ligada a Vaca Muerta ha impulsado la habilitación de nuevos parques industriales privados en las rutas 151 y 65, al tiempo que el parque industrial ya existente busca ampliar su capacidad. De manera similar, en Cinco Saltos, se planean nuevos espacios industriales conectados con los corredores hacia Vaca Muerta.
Estos procesos, aunque distintos, convergen en una misma transformación: el avance de nuevos usos sobre tierras con una función históricamente productiva. El borde urbano ya no es el final de la ciudad; se ha convertido en el espacio de encuentro –y a menudo de colisión– entre diferentes modelos de ocupación territorial.
En este proceso, emerge una cuestión económica insoslayable. Una chacra productiva bien ubicada, cercana a una ciudad o conectada a redes de servicios, adquiere un valor potencial que puede superar con creces su rentabilidad agrícola. Esa localización la transforma en una reserva estratégica para futuros loteos, depósitos, comercios, industrias o emprendimientos residenciales.
Aquí surge la pregunta clave: ¿qué ocurre con la diferencia de valor que aparece cuando una tierra productiva cambia de condición y admite otros usos? La urbanización puede generar una plusvalía que no es solo resultado del esfuerzo del propietario, sino también de la inversión pública en caminos, servicios, infraestructura, modificaciones normativas y decisiones colectivas sobre el territorio. En esencia, parte del valor del suelo se construye socialmente.
El caso del corredor Viterbori ilustra esto a la perfección. La transformación de antiguas chacras en zonas urbanas no responde únicamente a iniciativas privadas, sino a decisiones sobre normativas, indicadores urbanísticos e infraestructura. La discusión sobre la plusvalía urbana comienza precisamente allí: cuando una decisión colectiva modifica las posibilidades de aprovechamiento de un terreno y con ello, su valor económico.
Por lo tanto, abordar la frontera urbano-productiva implica debatir quién se beneficia de la transformación del suelo y quién asume sus costos. Urbanizar una chacra no es solo cambiar parcelas por viviendas; significa extender calles, redes de agua, cloacas, energía y transporte; modificar recorridos; aumentar la demanda sobre la infraestructura existente y, en muchos casos, fragmentar el sistema productivo y de riego.
La solución tampoco se encuentra en una simple prohibición de la urbanización. Existen chacras abandonadas, superficies improductivas y sectores donde la actividad agrícola ya no es rentable en las condiciones actuales. La discusión, entonces, no puede reducirse a conservar toda la superficie productiva ni a liberar sin más todo suelo que ha perdido su viabilidad.
Esto exige ir más allá de lógicas binarias. No se trata de elegir entre ciudad o producción, sino de establecer criterios claros para discernir qué suelo debe preservarse, cuál puede transformarse y bajo qué condiciones esa transformación resulta conveniente para el conjunto del territorio.
Para ello, es fundamental superar la mirada estrictamente municipal. El Alto Valle funciona como un sistema territorial continuo: un trabajador puede residir en una ciudad y trabajar en otra; la producción atraviesa múltiples jurisdicciones; las rutas conectan parques industriales, áreas residenciales y chacras; y el sistema de riego ignora los límites administrativos. La planificación de cada ciudad no puede, por tanto, concebirse de forma aislada.
El verdadero desafío es construir una visión regional capaz de reconocer que el suelo productivo, el sistema de riego, las áreas rurales, las rutas, los parques industriales y las ciudades son parte de una misma estructura interconectada.