La administración de Donald Trump ha dado un paso decisivo en la implementación del primer programa federal de vouchers escolares en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro publicó recientemente las normativas que regirán este sistema, cuya aplicación está prevista para el 1 de enero de 2027, y ahora los estados enfrentan la crucial decisión de sumarse o no.
Conocido en inglés como Education Freedom Tax Credit, este programa nació de la ley de impuestos y gastos que los republicanos aprobaron el año pasado. Su diseño permite que los contribuyentes obtengan un crédito fiscal del 100% por las donaciones que realicen a entidades que conceden becas a familias.
Los gobernadores tienen hasta el 1 de enero para oficializar su adhesión. Hasta el momento, 30 estados ya se han incorporado, la mayoría bajo gobiernos republicanos. Sin embargo, varios estados liderados por demócratas aún deben definir su postura, lo que representa un verdadero dilema para estos funcionarios.
Muchos de ellos se oponen a los vouchers, argumentando que podrían desviar recursos públicos hacia escuelas privadas. No obstante, el nuevo programa se financia con fondos federales y contempla la posibilidad de que las ayudas beneficien también a estudiantes de escuelas públicas.
Las reglas propuestas establecen límites de ingresos para acceder a estos beneficios. Podrán participar las familias cuyos ingresos no superen el triple del ingreso medio de su zona, según reportó The Washington Post. Este umbral alcanza, por ejemplo, los 490.000 dólares anuales en Washington D. C. y los 337.000 dólares en Phoenix. Las autoridades estiman que aproximadamente el 96% de los niños en los estados adheridos cumplirán con estos criterios.
Los fondos podrán destinarse tanto al pago de matrículas en escuelas privadas como a cubrir gastos educativos de alumnos de escuelas públicas. Esto incluye tutorías, programas extracurriculares, servicios de educación especial y materiales escolares. Un aspecto relevante es que los estados no podrán imponer restricciones sobre el tipo de escuelas que reciban estos fondos, lo que abre la puerta a instituciones religiosas o privadas que no requieran docentes certificados.
El mecanismo del programa permite a los contribuyentes recibir un crédito fiscal por sus donaciones a las organizaciones administradoras de becas, con un tope de 1.700 dólares para contribuyentes individuales y 3.400 dólares para matrimonios que declaren en conjunto. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que este programa implicará una reducción de 26.000 millones de dólares en ingresos federales a lo largo de una década.
Las organizaciones responsables de gestionar las becas deberán someterse a revisiones financieras independientes anualmente, y se establecerán mecanismos para excluir a aquellas que no cumplan con las normativas. El Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos calculan que para 2030 podrían operar entre 600 y 700 de estas organizaciones, según datos de The Washington Post.
El plan ha generado posiciones encontradas. Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, instó a los gobernadores a rechazarlo, declarando: “Esto es una píldora envenenada para el 90 por ciento de los niños estadounidenses que asisten a escuelas públicas”. Por otro lado, Nicole Pollock, presidenta de Demócratas por la Reforma Educativa, animó a los líderes estatales a incorporarse para asegurar recursos adicionales para los estudiantes.
La evidencia sobre la efectividad de los vouchers es variada. Mientras algunos estudios defendidos por sus promotores encontraron impactos positivos en ciertas pruebas y en indicadores como la matriculación universitaria, investigaciones más recientes y de mayor escala han revelado efectos nulos o incluso negativos en los resultados académicos. Tras un periodo de 60 días para comentarios públicos sobre las normas, los estados deberán tomar su decisión final.