El jurista alemán Marc-Philippe Weller, vicerrector de la Universidad de Heidelberg, regresó a la Argentina, país que ya había visitado en 2024 para advertir sobre la innegable realidad del cambio climático y la necesidad de leyes claras para el cumplimiento ambiental. En esta ocasión, con el reciente Acuerdo Unión Europea-Mercosur como telón de fondo, Weller recibió el Doctorado Honoris Causa en la Universidad San Pablo-Tucumán, donde también dictó una conferencia sobre los requisitos de sostenibilidad empresarial de la UE y sus implicancias.
En su análisis sobre el Acuerdo UE-Mercosur, Weller lo considera un éxito significativo. El pacto contribuye a armonizar la economía y la sostenibilidad a nivel interestatal al incorporar compromisos vinculantes en protección climática, conservación de la biodiversidad, lucha contra la deforestación ilegal y derechos laborales. Un ejemplo clave es la aplicación del Acuerdo de París, configurada como un “elemento esencial”. Sin embargo, el jurista subraya que, si bien es un paso importante, no es una “panacea” para la transformación económica sostenible necesaria, y su efectividad dependerá de una aplicación rigurosa. Para las infracciones del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, se prevé un procedimiento que incluye consultas y, de ser necesario, un comité de expertos con facultad de formular recomendaciones, distinto a los mecanismos tradicionales de resolución de disputas comerciales.
Este acuerdo difiere de los tratados de libre comercio clásicos, enfocados en la reducción de aranceles, al centrar la atención en las exigencias de sostenibilidad. Para una empresa del Mercosur que busca operar en el mercado europeo, esto transforma las reglas del juego. El acceso al mercado europeo ahora requiere que las actividades empresariales se enmarquen en un entorno regulatorio de sostenibilidad cada vez más estricto. Esto se relaciona con otras legislaciones de la UE, como el Reglamento sobre la Deforestación: una empresa del Mercosur no podrá beneficiarse de las ventajas comerciales del acuerdo si su producto no cumple con tales requisitos. Esto modifica la estructura de riesgo empresarial, obligando a las compañías a demostrar las condiciones ambientales y sociales de fabricación de sus productos y la organización de sus cadenas de suministro. Weller aclara que esta evolución no debe verse solo como una carga, ya que el acuerdo también brinda mayor seguridad jurídica y facilita el comercio mediante la reducción de aranceles y la simplificación de procedimientos.
La Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Empresarial (DDDSE), que responsabiliza a grandes multinacionales europeas por sus cadenas de suministro globales, representa una “exportación normativa” indirecta. Las empresas sudamericanas no sujetas a esta directiva por su legislación nacional solo deben cumplirla si entran en su ámbito de aplicación, lo que solo ocurre con las grandes corporaciones. No obstante, empresas más pequeñas, como proveedoras de importadores europeos, podrían acordar obligaciones de sostenibilidad en sus contratos para mantener sus relaciones comerciales. Esta transferencia contractual, sin embargo, encuentra límites cuando las empresas no dependen del mercado europeo o cuando establecen líneas de producción diferenciadas para este mercado.
Frente a las preocupaciones de sectores agrícolas europeos sobre la competencia desleal, la DDDSE busca crear “condiciones de igualdad”. La directiva no impone obligaciones de sostenibilidad solo a las empresas europeas, sino que bajo ciertas condiciones, también se aplica a empresas de terceros países con un volumen de negocio suficientemente alto en la UE. En el sector agrícola, esto no significa exigir a todos los productores sudamericanos las mismas normas de producción europeas, sino que obliga a las empresas dentro de su ámbito a identificar y mitigar riesgos ambientales y de derechos humanos en sus cadenas de valor. Así, la “igualdad de condiciones” se logra mediante requisitos de diligencia debida comparables y una mayor internalización de los costos ambientales y sociales en las decisiones empresariales.
Marc-Philippe Weller reconoce la preocupación de muchos sectores productivos y PyMEs argentinas que ven requisitos como la trazabilidad satelital o el reporte de huella de carbono como barreras paraarancelarias. Desde la perspectiva jurídica europea, los límites entre la exigencia legítima de sostenibilidad y el riesgo del proteccionismo residen en la no discriminación, la necesidad y la proporcionalidad. La UE puede buscar la protección ambiental y climática como objetivos reguladores, aunque esto dificulte el comercio, siempre y cuando los requisitos se apliquen de forma no discriminatoria y no restrinjan innecesariamente el comercio, de acuerdo con las normas de la OMC. Es decir, el derecho europeo permite los requisitos comerciales “verdes”, pero no el “proteccionismo verde”.
Sobre los sectores argentinos más beneficiados y desafiados, Weller, conociendo parte de la economía local, prevé que se beneficiarán aquellos productos con mejor acceso y aranceles reducidos en la UE, como el vino, ciertas materias primas agrícolas y, de manera destacada, el litio. Por el contrario, los sectores más afectados por las obligaciones europeas en medio ambiente, trazabilidad y diligencia debida son los de carne de vacuno, soja y otras cadenas de suministro ligadas a la deforestación, que enfrentan una mayor necesidad de adaptación y cumplimiento.
La recomendación para que las economías regionales argentinas no vean la DDDSE como una amenaza burocrática, sino como una ventaja competitiva, es clave. Weller sugiere entenderla como una inversión en competitividad y seguridad jurídica. Las empresas y proveedores argentinos pueden establecer desde el inicio estructuras de trazabilidad, normas ambientales y de derechos humanos, y documentar sus cadenas de suministro. Esto les permitirá integrarse mejor en las cadenas de valor europeas y cumplir más fácilmente con los requisitos. La directiva también prevé un enfoque basado en el riesgo y mecanismos de apoyo…