El Gobierno de Cuba ha calificado de «extraterritorial e ilegal» las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos, que incluyen a dos empresas chinas. Washington acusa a estas compañías de suministrar equipos militares a la isla, una medida que ha generado una fuerte condena desde La Habana y Pekín.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, destacó que estas acciones estadounidenses, anunciadas el jueves, se encuentran «al margen de las leyes que rigen el comercio internacional». Las corporaciones chinas CEIEC y Beijing H&C Technologies fueron señaladas por supuestamente proporcionar componentes y equipos militares a Cuba a través de la empresa cubana Duna.
Según Rodríguez, quien expresó su postura en la red social X, estas sanciones buscan «obstaculizar y sabotear la cooperación estratégica, multifacética y legítima existente entre China y Cuba».
Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, criticó las «nuevas medidas coercitivas contra empresas, buques cubanos y compañías extranjeras» encargadas de asegurar servicios y bienes esenciales para el desarrollo económico y social del país. El mandatario afirmó, también en X, que esta estrategia es «parte del mismo diseño de asfixia económica y castigo colectivo para someter a toda una nación, con mentirosas y absurdas justificaciones que ni el mundo ni los ciudadanos de EE.UU. creen».
Desde Pekín, la respuesta no se hizo esperar. El Gobierno chino rechazó las sanciones el día anterior a su anuncio y advirtió que tomará «todas las medidas necesarias» para proteger los derechos e intereses de sus empresas. Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, manifestó en una conferencia de prensa la oposición de su país a las sanciones unilaterales y a la aplicación extraterritorial de medidas estadounidenses, asegurando que «la cooperación entre China y Cuba es abierta y transparente».
Guo Jiakun reafirmó que China «rechaza firmemente» cualquier intento de Washington de «interferir y socavar» la cooperación bilateral, reiterando el apoyo a Cuba en la defensa de su soberanía frente a injerencias externas.
Las sanciones, detalladas por el Departamento del Tesoro estadounidense, afectan además a cinco buques designados como propiedad bloqueada y a dos navieras, una con sede en Chipre y otra en Panamá. También se vieron implicadas empresas estatales cubanas relacionadas con la electrónica y los servicios tecnológicos, así como dos personas; una de ellas ligada a una red de transporte marítimo de productos petrolíferos, y la otra al conglomerado militar GAESA.
Las tensiones entre La Habana y Washington han experimentado una escalada durante 2026, con Estados Unidos presionando a Cuba para que implemente cambios políticos y económicos. Esta estrategia ha evolucionado desde un bloqueo petrolero inicial hasta la aplicación de sanciones secundarias. Desde el pasado mayo, la administración estadounidense ha sancionado a más de 30 personalidades y 50 empresas cubanas o vinculadas a la isla.