Una mujer australiana de 63 años fue condenada por la Suprema Corte de Tasmania tras simular durante casi una década la existencia de una niña que nunca nació, con el objetivo de cobrar subsidios del sistema de bienestar social del país. Athena Murray, madre de ocho hijos, se declaró culpable de dos cargos: obtener ventajas financieras mediante engaño y suministrar información falsa a Medicare, el sistema público de seguro de salud universal de Australia, entre 2009 y 2017.
El fraude ascendió a 51.760,46 dólares australianos en beneficios de Centrelink, la agencia de servicios sociales, a los que Murray no tenía derecho. La jueza Kate Cuthbertson, a cargo del caso, describió su comportamiento como «prolongado, descarado y sofisticado», destacando una «deshonestidad fundamental» en su actuar.
La trama comenzó en marzo de 2009, cuando Murray registró en el estado de Tasmania el nacimiento de una beba llamada Hayley Maree Murray. Según los documentos, la niña habría nacido el 26 de marzo de ese año en su casa de Sheffield, con un peso de 3.595 kg y 40 semanas de gestación. Curiosamente, la niña ficticia compartía nombre, segundo nombre y fecha de nacimiento con la hija real de su entonces pareja, Colin Morris. La jueza Cuthbertson concluyó que esta coincidencia no fue casual, sino un recurso para recordar los datos con facilidad si alguien preguntaba.
Para mantener el engaño, Murray inscribió a Hayley en Medicare en 2012, presentó un formulario de objeción de conciencia a la vacunación en 2013 y la declaró como hija a cargo en múltiples trámites de asistencia social. Cada acción estaba orientada a asegurar el cobro del Family Tax Benefit y el Baby Bonus. Durante los ocho años que duró el fraude, Murray respondió sin fisuras a todos los recordatorios periódicos de Centrelink sobre sus obligaciones como beneficiaria.
El esquema se desmoronó en octubre de 2017, tras un aviso anónimo que alertó al Departamento de Servicios Humanos. Los investigadores iniciaron una revisión de los beneficios de Murray, consultando exhaustivamente registros de Medicare, Medibank Private, la empresa de ferries TT Line y pasaportes del Departamento de Relaciones Exteriores. No hallaron ningún rastro de Hayley Murray: ni consultas médicas, ni viajes, ni pasaporte que confirmaran su existencia.
El 24 de octubre de 2017, la Policía Federal Australiana ejecutó órdenes de allanamiento en la casa de Murray en Airlie Beach, Queensland. Una semana después, ella misma llamó a Centrelink para dar de baja a una niña de su tarjeta, afirmando que había dejado de tenerla a cargo «hace bastante tiempo».
Su versión cambió drásticamente días más tarde. Murray sostuvo que Hayley había nacido muerta, que ella había enterrado el feto en el jardín de su casa en Sheffield y que nunca registró el deceso porque todo ocurrió antes de las 24 semanas de gestación. «En mi mente estaba tratando de mantenerla viva», llegó a decir a una operadora de Centrelink. Para respaldar esta nueva historia, presentó ante el Registro Civil de Tasmania un formulario de reconocimiento de pérdida de embarazo temprana, donde indicó que Hayley había nacido a las 23 semanas con 380 gramos. Esta afirmación contradecía directamente la partida de nacimiento que ella misma había registrado en 2009, que consignaba un parto a término con un bebé de 3,5 kilos.
Un punto crucial en el juicio fue el testimonio de Cassandra Elliott, la hija mayor de Murray. En 2009, Cassandra había firmado una declaración jurada afirmando haber asistido al parto de Hayley. Sin embargo, ante la corte, declaró que nunca presenció tal nacimiento y que se enteró de la existencia de «Hayley» solo cuando los agentes federales allanaron su propia casa en 2017. En una llamada telefónica posterior, su madre le reconoció haber «inventado un hijo falso». Cassandra también relató que en 2019 Murray le anticipó su intención de culpar a otros familiares o alegar un bebé nacido muerto, lo que llevó a la hija a cortar el contacto con su madre.
Murray intentó argumentar que su entonces pareja, Colin Morris (fallecido en 2019 sin haber sido imputado), la había presionado para realizar los trámites y que temía represalias si no lo hacía. No obstante, la jueza Cuthbertson rechazó este argumento en sus fundamentos de sentencia del 6 de noviembre de 2026, determinando que la evidencia establecía que Murray actuó por iniciativa propia. La magistrada también consideró agravante el hecho de que Murray involucrara a su hija mayor en el delito, haciéndole firmar una declaración jurada falsa, y concluyó que el delito estuvo motivado por la codicia, no por la necesidad, sin mostrar «ningún remordimiento genuino».
La jueza Cuthbertson impuso una pena total de dos años y cuatro meses de cárcel. Murray será liberada a los 12 meses bajo un reconocimiento personal de 5.000 dólares y una obligación de buena conducta por tres años. Además, fue condenada a restituir al Estado 33.342,30 dólares, equivalente a la porción de los beneficios cobrados que la ley permite reclamar.