Pescadores ecuatorianos acusan a EE.UU. de agresión con drones y tortura: Demandan a la administración Trump

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Pescadores ecuatorianos acusan a EE.UU. de agresión con drones y tortura: Demandan a la administración Trump

Un grupo de pescadores ecuatorianos ha presentado una demanda en Estados Unidos contra el gobierno del entonces presidente Donald Trump. Los demandantes acusan a las autoridades estadounidenses de perpetrar un ataque con drones militares contra su embarcación, seguido de secuestro y tortura, según el escrito al que tuvo acceso la agencia EFE este martes.

La querella, interpuesta ante una corte federal en Pensilvania, imputa al gobierno estadounidense la causación intencional de angustia emocional, agresión y lesiones, detención ilegal y destrucción de la propiedad. Los más de diecisiete demandantes exigen una compensación económica por los daños sufridos y solicitan a la corte que ordene el cese de este tipo de ataques en las regiones del Caribe y el Pacífico.

Según la demanda, el incidente contra el barco pesquero «Negra Francisca Duarte II» se enmarca dentro de la «Operación Lanza del Sur» (Southern Spear), una campaña de ataques de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe y el Pacífico. Mientras que EE.UU. ha justificado esta operación como una medida para combatir el «narcoterrorismo» y el Pentágono la ha defendido como una «defensa vital de los intereses nacionales», la organización WOLA reporta que ha dejado al menos 227 muertos. Sin embargo, tanto el Pentágono como el Comando Sur de EE.UU. han negado cualquier implicación en el ataque específico contra la embarcación de los pescadores demandantes.

El relato judicial detalla cómo el «Negra Francisca Duarte II» fue atacado con drones militares cuando regresaba a Manta, Ecuador, tras dos semanas de faena pesquera cerca de las Islas Galápagos. Previo al asalto, la Marina de Ecuador había interceptado e inspeccionado la embarcación durante unas tres horas, permitiéndoles luego continuar su trayecto. Sin embargo, el 17 de marzo, el barco fue sorprendido por «dos drones armados» que lanzaron «bombas», provocando un incendio a bordo.

Dos de los pescadores, Jordy Alexander Flores y Leonel Alberto Pilay, resultaron con heridas graves, incluyendo quemaduras en piernas, brazos y espalda. La tripulación se vio forzada a «saltar al mar» y nadar hasta unos botes de emergencia. Desde allí, lograron divisar y alcanzar un «barco azul» donde se encontraron con una tripulación armada que «hablaba inglés». Algunos de estos individuos vestían uniformes de camuflaje con la bandera de EE.UU., mientras que otros llevaban chalecos salvavidas con las palabras ‘US Coast Guard’.

De acuerdo con la denuncia, Jordy Flores recibió atención médica en el lugar, mientras que a los demás se les ató de manos y se les cubrió la cabeza con bolsas negras. Flores relata que, a través de un traductor, varios miembros de la tripulación le confirmaron que ellos eran los responsables del ataque. Posteriormente, los pescadores fueron trasladados a El Salvador, donde permanecieron detenidos hasta finales de marzo.

El abogado Daniel M. Kovalik, quien presentó la demanda en representación de los pescadores, calificó el ataque de «violento», «extremo e indignante», y aseguró que «sobrepasó todos los límites posibles de la decencia» y que «debe considerarse absolutamente intolerable en un mundo civilizado». Kovalik enfatizó que ninguno de los pescadores tenía vínculos con grupos narcotraficantes o terroristas, y que se encontraban en una situación vulnerable en alta mar, sin representar amenaza alguna para Estados Unidos o su personal.

Como consecuencia de la destrucción de su embarcación, los pescadores «perdieron su fuente de ingresos», lo que los ha sumido en una «grave situación económica». Además, todos ellos padecen un «trauma psicológico severo» derivado del ataque y el secuestro, según consta en la demanda.

Este caso no es el primero de su tipo. En octubre, los familiares de dos hombres de Trinidad y Tobago, fallecidos en un ataque con misil contra una embarcación cerca de la costa de la isla, también presentaron una demanda contra el gobierno estadounidense ante una corte en Massachusetts, lo que indica un patrón creciente de querellas por incidentes similares.

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