Más de 30 mil habitantes de 17 barrios en Balsa Las Perlas, la localidad rionegrina vecina a la capital neuquina, han llevado su reclamo por la falta de agua potable a la máxima instancia judicial. Un amparo ambiental colectivo fue presentado para exigir la construcción de una planta potabilizadora y una red de distribución segura, ante una grave crisis sanitaria y de infraestructura que afecta a miles de familias.
La acción judicial, que cuenta con el respaldo de más de 60 firmas iniciales, apunta directamente contra la Municipalidad de Cipolletti, el gobierno de la provincia de Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y la empresa ARSA. El objetivo es que la justicia fuerce la implementación urgente de las obras necesarias para garantizar un servicio esencial.
Paola Villagrán, vecina e integrante de la asamblea local, detalló a Rivadavia Neuquén la precariedad con la que viven los casi 30 mil residentes. Actualmente, la población se abastece de agua cruda directamente del río Limay, a través de mangueras y conexiones irregulares. Villagrán afirmó que los vecinos agotaron «todas las instancias, las vías de diálogo y los reclamos administrativos» antes de recurrir a la Justicia.
El recurso ingresó inicialmente al Juzgado Civil N° 1, a cargo del juez Diego de Virgilio, quien se declaró incompetente sin evaluar la admisibilidad de la emergencia, según relataron los denunciantes. Tras este paso, el expediente fue derivado al Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Viedma, donde fue recaratulado como mandamiento de ejecución.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la calidad del agua consumida. Análisis de laboratorio detectaron altos niveles de sales y presencia de metales pesados en algunos sectores, como Costa Esperanza. Villagrán advirtió que en ciertos puntos el nivel de arsénico «está al límite, ahí casi de llegar al uno por ciento». Esta situación se agrava por la falta de infraestructura médica adecuada, ya que la única sala de salud del sector carece de laboratorio para estudios rápidos. Los profesionales suelen recomendar hervir el agua, una medida ineficaz frente a contaminantes inorgánicos: «esa no es la solución porque hay minerales que no se resuelven con solo hervir el agua», enfatizó la referente vecinal.
El mantenimiento de las precarias conexiones recae enteramente sobre los hombros de los habitantes. Villagrán mencionó la rotura reciente de un caño en el barrio Vista del Valle, un suceso habitual. «Los vecinos son los que intervienen en los arreglos porque la delegación no tiene recursos, no se hace cargo», señaló. La asamblea denuncia una «desconexión total» por parte de los funcionarios de la delegación municipal. A pesar de haber firmado actas de compromiso con el actual intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, las obras prometidas no avanzan. La referente atribuyó esta situación a la distancia –21 kilómetros separan a la localidad de Cipolletti– y al «desconocimiento» de la realidad del territorio por parte de las autoridades locales.
El escenario de abandono se extiende a otros servicios. A pesar de la ausencia de una red de agua potable, cloacas o un mantenimiento constante de las calles de ripio, los habitantes reciben facturas de energía eléctrica que superan en algunos casos los 100 mil pesos, incluyendo el cobro de un servicio de alumbrado público inexistente. Frente a esta realidad, muchas familias cruzan diariamente hacia el centro de Neuquén para llenar envases en las canillas públicas del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). «Nosotros vamos con bidones a buscar agua para cocinar, para la limpieza de lo que es la vajilla, parte de higiene y demás, y no todos lo pueden hacer», concluyó Villagrán. Mientras aguardan una definición del tribunal de Viedma, los vecinos buscan asesoramiento legal para mantener unificada la demanda, en medio del acelerado crecimiento habitacional de la zona, impulsado por el desarrollo inmobiliario de la firma Forestadora del Limay.